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Tras la aplicación de la Ley de Organismos Reguladores de la Educación de 2020 (Ley 1023), cualquier institución de enseñanza superior en Ghana, que anuncie o imparta un programa que no está acreditado, se enfrentará a sanciones que incluyen multas de 240,000 GHS (US$41,400). Otra posibilidad es que el vicerrector o el rector de la institución sea encarcelado hasta por 20 años, aunque ambas sanciones pudieran aplicarse.

Mientras que al oeste le gusta destacar ejemplos de corrupción o mala práctica en Africa, en realidad pueden ser encontrados en todos los países, incluyendo los Estados Unidos y el Reino Unido. Nigeria, es uno de los países desarrollando capacidad de garantía de calidad, introduciendo leyes explicitas contra ciertos tipos de corrupción, monitoreo y cierre de instituciones cuando hay evidencias de fraude. A lo largo de Africa, GUNI-Africa, está construyendo capacidad, hablando con oficiales, presionando para concientizar al público y asegurando que las personas capturadas sean sancionadas y que dichas sanciones sean divulgadas.

Las últimas tres décadas han sido testigo de la proliferación global de instituciones privadas de educación superior a excesiva velocidad. Instituciones privadas de educación superior de Etiopía, o PHEI, necesitan ser acreditadas antes de comenzar operaciones. La limitación de la habilidad de autoridades gubernamentales de aplicar las reglas continúa alentando a instituciones ilegales y estudiantes a tomar riesgos. Tomando en cuenta el tamaño de la población estudiantil como su línea de defensa, proveedores fraudulentos sacan provecho del “daño excesivo” que cualquier acción gubernamental podría causar cuando sus actos ilegales son revelados.

La Corte Suprema de India, le ha dado un duro golpe a universidades otorgando diplomas de estudios en línea y a distancia sin antes obtener un permiso obligatorio de parte de organismos reguladores. La corte suspendió los diplomas de ingeniería de tres universidades otorgados a estudiantes de cursos a distancia entre el 2001 y 2005; y anuló diplomas otorgados por dichas instituciones después del 2005. También emitió una restricción generalizada en dichas universidades obligándolos a no dar ningún curso durante el año académico del 2018-19 “a menos o hasta que permisos específicos les sea brindados por las autoridades pertinentes”.

El Ministro de Educación ha amenazado con usar el Artículo 44 de la constitución interina para enfrentar los horribles problemas del sector de educación superior del país. Varias universidades del estado y privadas, recientemente han operado programas sin un permiso apropiado. El último escándalo implica a la Universidad de Thonburi (BTU). Aunque tiene permiso para ofrecer un programa de maestría en Gerencia Educacional para 500 graduados cada año, la universidad ha reclutado a más de 2,500 estudiantes para sus programas anualmente.

Miembros del Comité Nacional Consultivo de Calidad Institucional e Integridad (en inglés National Advisory Committee on Institutional Quality and Integrity) estuvieron debatiendo su ultimo conjunto de propuestas para revisar el proceso de acreditaciones y la manera en que el comité evalúa a los órganos de acreditación. Poco después, El Comité del Senado de los EE.UU. de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones (en inglés US Senate Committee on Health, Education, Labor, and Pensions) hizo público un conjunto de propuestas parecidas en un libro blanco redactado por los miembros del comité.