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La figura central de la estafa en la que padres con alto poder adquisitivo pagaban enormes sumas para hacer trampas en los exámenes estandarizados, ha sido condenada a tres años y medio de prisión federal. El cerebro de la estafa conocida como Operación Varsity Blues se declaró culpable de asociación ilícita, blanqueo de capitales, y conspiración para cometer fraude contra los Estados Unidos y fraude en el extranjero.

Una investigación en una escuela de la Ciudad de Baltimore encontró que los administradores tramaron para inflar las matrículas, presionaron a los maestros para cambiar calificaciones y programaron a los estudiantes en clases que no existían. Durante tres años, cerca de 100 estudiantes permanecieron en las listas, pero no asistieron a la escuela. La escuela operaba cursos vespertinos y de verano diseñados para que los estudiantes pudieran recuperar créditos, pero los cursos no cumplieron con los estándares. En algunos casos, profesores no cualificados fueron asignados a enseñar, y en otros casos, miembros del personal fueron nombrados profesores de una clase que nunca dieron.

Una demanda federal acusa a la ciudad de Nueva York y a otros miles de distritos escolares de estafar a estudiantes con necesidades especiales, al privarlos de terapias prácticas durante la pandemia. Según un portavoz del Departamento de Educación de NY, educadores de la ciudad obtuvieron el consentimiento de los padres de niños especiales, antes de cambiar a la enseñanza a distancia para terapias prácticas. Sin embargo, muchos padres no han recibido ningún tipo de servicio, ni siquiera servicios a distancia.

Una auditoria revela que “Indiana Virtual School” e “Indiana Virtual Pathways Academy”, recibieron indebidamente $68.7 millones en pagos del estado al confirmar inapropiadamente a estudiantes inscritos entre 2011 a 2019, a pesar de no tener actividad de curso en línea. Ambas escuelas operaron bajo una misma administración y declararon 7,200 estudiantes el año pasado. Sin embargo, cerraron el verano pasado después que funcionarios nacionales cortaran la financiación.

Un informe de 2019 muestra que no se reportaron $6.5 billones en regalos extranjeros a instituciones de los Estados Unidos. Para que las universidades rindan cuentas y asegurar que sus informes estén completos, exactos y transparentes, el Departamento de Educación hace cumplir la Sección 117 de la Educación Superior, la cual requiere que universidades reporten todos los regalos y contratos por un valor de $250,000 o más que involucren a fuentes extranjeras.

Datos de la Oficina de los Derechos Civiles del Departamento de Educación, muestran que, el 29 por ciento de los profesores se consideraron ausentes de manera crónica, faltando a clases por más de 10 días en 2015-2016. Esto es casi el doble del 15% de los estudiantes que están crónicamente ausentes. En consecuencia, un número de distritos escolares incluyeron medidas de ausentismo docente y estudiantil en sus sistemas de responsabilidad escolar.

Miembros de un equipo especial del Departamento de Educación que habían estado investigando abusos generalizados por universidades con fines de lucro han sido marginados, reasignados u ordenados a enfocarse en otras cuestiones, según empleados actuales y anteriores. El equipo investigativo se creó en 2016 después de un colapso de las universidades corintias con fines de lucro, lo cual desencadenó una ola de reclamos de los estudiantes acerca de actividades predatorias en escuelas con fines de lucro. Las instituciones habían sido acusadas de fraude generalizado por falsificar beneficios de inscripciones, ofertas de programas e índices de colocación laboral, que podrían dejar a los estudiantes con enormes deudas y sin diplomas.

El oponente del auditor de Ohio en la carrera de la procuraduría general del estado, dijo que se deberían de haber referido inmediatamente a las autoridades, las denuncias del informante de que la escuela a distancia más grande de esa época, intencionalmente infló las figuras de asistencia. Anteriormente, el Departamento de Educación encontró que la escuela había aumentado significativamente el número equivalente a estudiantes de tiempo completo y debía al estado $60 millones por el año escolar 2015-2016. Se estimaron otros $19 millones de multas para el año 2016-2017.