Página de búsqueda

Cinco universidades de Estados Unidos han llegado a un acuerdo para resolver una demanda en la que se las acusa de colusión en materia de ayudas financieras e ilegalidades en la admisión de alumnos, según se desprende de nuevos documentos judiciales. Las universidades de Yale, Columbia, Duke, Brown y Emory pagarán un total de 104,5 millones de dólares para resolver su parte del caso, presentado por cinco exalumnos contra más de una docena de centros. La demanda alega que las universidades infringieron la legislación antimonopolio al ignorar su promesa de no sopesar la capacidad de un estudiante para pagar las cuotas de matrícula a la hora de decidir su admisión, una práctica conocida como “admisión a ciegas ".

Un estudio revela que un número significativo de universidades del Reino Unido sigue aceptando millones en efectivo para pagos de matrícula y alojamiento, lo que las hace vulnerables a los riesgos de blanqueo de capitales. Alrededor de veintidós universidades seguían aceptando pagos en efectivo, con un total que alcanzaría los 12 millones de libras en 2019-20. La investigación destaca la preocupación por el hecho de que no se sigan estrictamente las directrices contra el blanqueo de capitales y de que las universidades no informen sobre actividades sospechosas, lo que puede poner en peligro al personal y a los estudiantes. El estudio pide una legislación más estricta para hacer frente a estas vulnerabilidades.

El nuevo libro "Corrupted: A study of chronic dysfunction in South African universities" es un relato de la corrupción crónica arraigada en un marco de economía política combinada con la falta de capacidad de gobernanza y gestión y de integridad académica. Todas estas universidades están situadas en zonas de escasos recursos donde la universidad es la principal fuente de financiación y una oportunidad para la corrupción, desde contratos (como proyectos de construcción) hasta servicios (como el transporte), pasando por el alojamiento de estudiantes y la venta de certificados falsos.

Una ex directora de finanzas y administradora de la Facultad de Medicina de Yale se declaró culpable de fraude electrónico y declaraciones de impuestos falsas durante un periodo de nueve años. Dirigía un negocio ilegal que consistía en la compra y reventa al por mayor de ordenadores y dispositivos electrónicos por un total de 40 millones de dólares en pérdidas para la universidad. Desde el incidente, la universidad ha trabajado para identificar y corregir las deficiencias de sus controles financieros internos.

Tres graduados de la Universidad Egerton de Kenia no pueden ofrecer sus servicios profesionalmente, ya que su licenciatura en ciencias no ha sido acreditada desde su graduación en 2019. Presentaron su caso ante la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, solicitando 2,2 millones de KES (19.000 dólares) y que la universidad les ofrezca ocho cursos de recuperación para que puedan actualizar su título.

Un documento sobre la Universidad de Lagos (UNILAG) realizado por el Panel de Visita Presidencial, que investiga asuntos de la UNILAG entre 2016 y 2020, ha revelado que dos de los estados de la Federación de Nigeria, específicamente Lagos y Ogún, perdieron 2.9 billones de NGN (7 millones de dólares), por deducciones brutas del salario de sus empleados durante cinco años por parte de la institución. Los siete miembros del panel detectaron casos de fraccionamiento de contratos y adjudicaciones frívolas

La investigación de la Comisión de Anticorrupción y Derechos Civiles reveló que 10 universidades nacionales en Corea del Sur presuntamente malversaron 9,400 billones KRW de matrículas estudiantiles. Los fondos estaban destinados a cubrir programas de orientación de los estudiantes y actividades de seguridad realizadas por profesores y personal durante horas de almuerzo, después del trabajo y/o en los fines de semana. Empleados de una de las universidades nacionales exageraron el número de tales actividades, cambiando de lugar y ropa, ganando 1.2 billones KRW.

El cargo de director del Programa Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Toronto, se ofreció a un individuo “académicamente indigno”, después que donó ocho millones de dólares a las escuelas de medicina de la universidad. Una empresa bancaria de EU, que supuestamente hizo grandes donaciones a través de su fundación a al menos 60 universidades, exigió impartir un curso sobre una determinada perspectiva política. Como consecuencia, las universidades en Norte América están desarrollando políticas escritas para evitar la influencia indebida de los donantes.