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El Consejo de Exámenes Escolares de Zimbabue (ZIMSEC por sus siglas en inglés) retiró los resultados a más de 5.000 estudiantes tras filtraciones masivas. Un director y un docente de la escuela de Thokozani habían sido detenidos tras acceder a los exámenes y venderlos a residentes de Zvishavane. Sin embargo, según un legislador, el ZIMSEC utilizó la escuela como chivo expiatorio para que las investigaciones de la junta examinadora concluyeran precipitadamente.

La directora de Zimbabwe Women Against Corruption Trust instó al gobierno a mejorar las condiciones de trabajo y la remuneración de los docentes y a investigar la cuestión de las clases adicionales. Los docentes de las escuelas públicas piden dinero a los alumnos por las clases adicionales, lo que fomenta la discriminación contra otros alumnos. Los que no pueden pagar se ven privados de la igualdad de acceso a una educación de calidad.

Los estudiantes de la Escuela de Magisterio de Masvingo, afirman que los profesores del programa de estudios profesionales y del programa de estudios profesionales de arte exigen 10 dólares para que los estudiantes aprueben sus trabajos. Si se niegan a cumplir sus exigencias, los profesores les hacen suspender deliberadamente sus trabajos o les ponen notas más bajas. Según el director de la universidad, el asunto se está investigando.

La plataforma de matriculación académica del gobierno eMap ha estado plagada de corrupción. Una encuesta reveló que los funcionarios de las escuelas cobraban entre 100 y 250 dólares por una plaza de internado en el primer curso. Tras recibir el pago, el funcionario escolar encargado de seleccionar a los alumnos en la plataforma tendría acceso a los datos del eMap del estudiante para facilitar su reconocimiento, tras el anuncio de los resultados.

Dos profesores de la escuela de secundaria de Kwekwe fueron suspendidos después de supuestamente pedir dinero a los padres de familia para asegurar lugares en el primer curso para sus hijos. El hecho solo salió a la luz pública en el día de la inauguración, cuando autoridades escolares descubrieron que había una clase adicional de 30 estudiantes, lo que llevó al director a lanzar una investigación.

Transparencia Internacional de Zimbabue informa que muchos estudiantes son presionados a tener sexo a cambio de buenas notas, y cuando tienen la valentía de reportarlo, con frecuencia la justicia es difícil de obtener. La sextorsión, donde la modalidad del soborno es el sexo y no dinero, todavía no es reconocida como una forma de corrupción en las universidades de Zimbabue, donde no tienen una política clara para identificar y abordar dichos casos. No existe un marco jurídico que reconozca la sextorsión como una forma de corrupción, y la policía tiene una comprensión limitada de la misma.

Los estudiantes universitarios en Zimbabue están cansados de las “posturas fraudulentas” tomadas por el gobierno y de las promesas en vano de recibir sus prestaciones de US$100 para vivir. Según el secretario general del Sindicato Estudiantil Nacional de Zimbabue, el ministro anterior de la educación superior y terciaria, y su delegado están siendo investigados por la posible desviación de fondos que habían sido destinados para los estudiantes universitarios.

La falsificación o la compra descarada de certificados, diplomas y licenciaturas falsas son unas de las más crudas formas de fraude académico en Zimbabue. Expertos dicen que la contratación de individuos, con credenciales fraudulentas puede convertirse en un fiasco de relaciones públicas, tanto para compañías privadas como para el gobierno. Según el representante del ZIMSEC (Consejo de Exámenes Escolares de Zimbabue), el organismo de exámenes ha estado trabajando con empleadores a nivel nacional para verificar las credenciales académicas; descubriendo un número sorprendente de trabajadores con certificados de colegios y universidades falsos.

Un juzgado de Harare ha declarado que el vice-canciller de la Universidad de Zimbabue debe responder por qué le otorgó “corruptamente” un diploma de doctorado a la ex primera dama en 2014. El fallo llega en un momento cuando el Ministerio de Educación Superior y Terciaria, Ciencias y Desarrollo de Tecnología ha presentado una denuncia ante del Fiscal General, diciendo que no tiene nada que ver con el caso ya que considera que es un asunto académico que debe ser resuelto por el senado o consejo universitario.