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Durante la 10.ª sesión de la Conferencia de los Estados Partes de la Convención de las Naciones Unidas, el Fiscal General de Zimbabue anunció planes para incorporar un plan de estudios centrado en la corrupción, la ética y la integridad en el sistema educativo del país, desde el desarrollo de la primera infancia hasta los niveles universitarios. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), la educación contra la corrupción podría adoptar la forma de actividades extracurriculares en las escuelas primarias y secundarias.

El Ministerio de Educación Primaria y Secundaria ha establecido centros de mando estratégicos en todo el país para abordar diversos problemas que invaden las escuelas. Entre ellos figuran la expulsión de alumnos por no pagar la cuota, la oferta de clases extra remuneradas, las prácticas discriminatorias en las inscripciones, los castigos corporales, la imposición de cuotas no aprobadas y otras conductas indebidas. El director de comunicación y promoción del MoPSE instó a las partes interesadas a utilizar los contactos designados para informar cualquier mala práctica. El objetivo es garantizar que todos los niños escolarizados reciban una educación primaria y secundaria de calidad, justa e integral.

El Consejo de Exámenes Escolares de Zimbabue (ZIMSEC por sus siglas en inglés) retiró los resultados a más de 5.000 estudiantes tras filtraciones masivas. Un director y un docente de la escuela de Thokozani habían sido detenidos tras acceder a los exámenes y venderlos a residentes de Zvishavane. Sin embargo, según un legislador, el ZIMSEC utilizó la escuela como chivo expiatorio para que las investigaciones de la junta examinadora concluyeran precipitadamente.

La plataforma de matriculación académica del gobierno eMap ha estado plagada de corrupción. Una encuesta reveló que los funcionarios de las escuelas cobraban entre 100 y 250 dólares por una plaza de internado en el primer curso. Tras recibir el pago, el funcionario escolar encargado de seleccionar a los alumnos en la plataforma tendría acceso a los datos del eMap del estudiante para facilitar su reconocimiento, tras el anuncio de los resultados.

Catedráticos en universidades, así como maestros en escuelas privadas y públicas que se encuentren culpables de abusar estudiantes corren el riesgo de que sus títulos y diplomas sean cancelados por el gobierno. Esto con el objetivo de frenar el creciente abuso, especialmente de estudiantes femeninas. El Vice-Ministro de Educación Superior y Terciaria, Ciencias y Tecnología dijo que había una necesidad urgente de frenar el surgimiento de abuso sexual de estudiantes en escuelas y universidades. Castigos como prisión o expulsión del trabajo no eran suficientes, ya que los infractores siempre terminaban enseñando en otros lugares usando sus diplomas y títulos.