El Ministerio de Educación, Juventud y Deporte ha garantizado al público la transparencia y exactitud de la corrección de los exámenes Bac II. Ha aplicado controles estrictos durante el proceso de corrección, garantizando que no se permite el uso de dispositivos electrónicos y empleando medidas de seguridad supervisadas por la Unidad Anticorrupción. El Ministerio garantiza la imparcialidad mediante procesos de calificación anónimos y una doble comprobación por parte de los redactores y un subcomité. Los resultados se anunciarán en fechas concretas y se publicarán en plataformas oficiales para mantener la transparencia.

La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción (PCCB) y la Autoridad de Control y Aplicación de Drogas (DCEA) se unieron recientemente para combatir la corrupción y el consumo de drogas en las instituciones educativas. Firmaron en Dodoma un pacto titulado "Eliminar la corrupción y las drogas ilícitas en las escuelas e instituciones de aprendizaje superior". El memorando se centra en el intercambio de información para prevenir estos vicios y tiene por objeto desalentar la participación de los jóvenes en la corrupción y el uso indebido de drogas. La PCCB ha creado 7.000 clubes anticorrupción en escuelas e instituciones de enseñanza superior del país.

El Gobierno australiano ha introducido medidas estrictas para combatir el fraude y la explotación en el sistema de visas de estudios. Entre ellas figuran prohibir las comisiones de los agentes por el traslado de estudiantes entre instituciones, evitar que los agentes educativos posean participaciones en proveedores de educación australianos y crear una unidad de integridad dentro de la autoridad reguladora de la educación y formación profesional (EFP) para supervisar y hacer cumplir la normativa entre los proveedores de EFP, haciendo hincapié en la importancia de la asistencia de los estudiantes como indicador de riesgo.

El gobierno de Bangladesh está preparando una nueva ley para endurecer la normativa de las universidades privadas, con el fin de mejorar la transparencia y la gobernanza. Entre las enmiendas propuestas figuran la exigencia de que un tercio de los miembros del consejo de administración sean académicos, la restricción a los beneficios de los administradores y la autorización a las autoridades para nombrar observadores en las universidades que se vean afectadas por cualquier situación. El proyecto de ley también incorpora células de garantía de calidad para mantener la calidad educativa, haciendo hincapié en la necesidad de una mejor gobernanza en medio de la preocupación por la corrupción y las irregularidades en la enseñanza superior privada.

La Ley de Admisión Justa a la Universidad para Estudiantes pretende acabar con las admisiones por legado en las universidades, eliminando el trato preferente a los solicitantes vinculados con la universidad. Esta medida se considera como una iniciativa para crear prácticas de admisión a la universidad más justas, abordando el beneficio de la tradición para las personas blancas acomodadas y la dependencia de tales prácticas por parte del sistema escolar de élite. La presentación del proyecto de ley se produce tras la reciente decisión de la Corte Suprema de poner fin a la discriminación positiva, que tenía en cuenta la raza entre los factores de admisión de estudiantes.

El Ministro sudafricano de Educación Superior reveló su preocupación por la corrupción rampante y los problemas de gobernanza en las universidades. Insinuó posibles cambios legales futuros para reforzar la eficacia del sistema, y destacó problemas como la falta de experiencia de los miembros del Consejo de Gobernanza y la normalización de la corrupción en las cadenas de suministro de las universidades. Aunque no se desvelaron las modificaciones legislativas concretas, entre ellas podría figurar la revisión de la autonomía universitaria. El departamento pretende establecer un defensor del pueblo y una rama dedicada a abordar los problemas de gobernanza.

El Ministerio de Educación y Cultura indonesio ha revocado 31 licencias de enseñanza superior privada tras constatar que las instituciones no cumplían con las normas exigidas en cuanto a instalaciones y número de estudiantes, que la enseñanza era deficiente y que había habido denuncias de materias ficticias y emisión fraudulenta de diplomas. El Ministerio ayudará a los estudiantes de los centros afectados a trasladarse a centros acreditados. Los profesores de los que se demuestre que no han participado en los planes fraudulentos recibirán la misma ayuda; de lo contrario, se los incluirá en una lista negra.

Las titulaciones falsas perjudican a la economía sudafricana de varias maneras: disminuyen la productividad, aumentan los gastos, dañan la reputación, minan la confianza en el sistema educativo y reducen los ingresos fiscales. Los gobiernos y las empresas deben afrontar este problema, sobre todo al hacer cumplir las restricciones existentes, al mejorar la calidad educativa y la formación, al crear un sistema centralizado de verificación de las titulaciones y aplicando sanciones a quienes ofrezcan certificados falsos.