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Para combatir la falsificación de certificados en la enseñanza superior, Libia se unió al Sistema Árabe Unificado de Autenticación de Certificados basado en Blockchain. Esta iniciativa, encabezada por la Organización de la Liga Árabe para la Educación, la Cultura y la Ciencia (ALECSO), ofrece un método fiable para verificar los títulos académicos. Los expertos abogan por sistemas similares en toda África para reforzar las prácticas de contratación y garantizar la credibilidad de las credenciales. Sugieren aprovechar la tecnología blockchain y colaborar con organizaciones internacionales para una implementación generalizada.

El Secretario General del Partido Republicano Turco (CTP) destacó la importancia de la investigación en curso sobre el escándalo de los diplomas falsos y sus implicaciones para la corrupción en los altos círculos burocráticos y políticos. Promete el compromiso del CTP en la supervisión del proceso y el trabajo para mejorar la eficacia de organismos reguladores como el Consejo de Planificación, Evaluación, Acreditación y Coordinación de la Educación Superior YÖDAK, con el fin de mejorar la gobernanza y la rendición de cuentas en las instituciones de enseñanza superior.

En Nigeria, un comité dirigido por el Ministro de Educación, está investigando las actividades ilícitas y las fábricas de diplomas. Instituciones afiliadas de varios países están bajo escrutinio. El comité pretende abordar las infracciones en el proceso de acreditación de universidades tanto locales como extranjeras, tras las revelaciones de prácticas fraudulentas. Los expertos sugieren mejorar los procesos de acreditación y la concienciación pública para combatir el problema.

El ex Secretario General del Sindicato Nacional Docente de Kenia (KNUT) ha acogido con satisfacción la decisión del Ministerio de Educación de pedir a los padres que paguen las cuotas escolares de los alumnos de las escuelas nacionales a través de la plataforma e-Citizen. Esta nueva iniciativa gubernamental pretende mejorar la prestación de servicios, aportar transparencia y proteger tanto a los alumnos como a los padres. Sin embargo, algunos expresan su preocupación por las dificultades prácticas y el estado de preparación del país para una transición digital de este tipo.

El gobierno indio ha presentado el Proyecto de Ley contra las trampas en los Exámenes Públicos para combatir la deshonestidad académica generalizada y preservar la integridad del sistema educativo. El proyecto de ley propone medidas estrictas como una mayor vigilancia, normas más estrictas para los supervisores y penas severas de hasta 10 años de cárcel por hacer trampas y una multa de 1 millón de rupias para los implicados en malas prácticas en los exámenes. Además, el proyecto de ley pretende crear un comité técnico nacional para mejorar la seguridad y la imparcialidad de los exámenes.

En los últimos tres años, las sospechas de corrupción en el Departamento de Educación Universitaria de Sindh han dado lugar a investigaciones de la Oficina Nacional de Rendición de Cuentas y del ala anticorrupción de la Agencia Federal de Investigación. Los problemas incluyen máquinas biométricas sobrevaloradas, contratos cuestionables y transacciones no declaradas. Una comisión de investigación de dos miembros está estudiando las quejas de los profesores. Los casos de corrupción en el departamento de educación universitaria, incluidos los fondos para actividades como bibliotecas digitales y formación docente, siguen sin resolverse.

Cinco universidades de Estados Unidos han llegado a un acuerdo para resolver una demanda en la que se las acusa de colusión en materia de ayudas financieras e ilegalidades en la admisión de alumnos, según se desprende de nuevos documentos judiciales. Las universidades de Yale, Columbia, Duke, Brown y Emory pagarán un total de 104,5 millones de dólares para resolver su parte del caso, presentado por cinco exalumnos contra más de una docena de centros. La demanda alega que las universidades infringieron la legislación antimonopolio al ignorar su promesa de no sopesar la capacidad de un estudiante para pagar las cuotas de matrícula a la hora de decidir su admisión, una práctica conocida como “admisión a ciegas ".

El Ministerio de Educación Nacional y la Unidad de Lucha contra la Corrupción han puesto en marcha los "clubes de integración" en el colegio canadiense-haitiano, con la participación también del Liceo Nacional de Pétion-Ville. Cada club, compuesto por ocho miembros, tiene como objetivo comprometer a los alumnos en la lucha contra la corrupción a través del autoaprendizaje y la educación cívica desde una edad temprana. Los directores y representantes de las escuelas han aplaudido esta iniciativa, subrayando la importancia de formar a los jóvenes para que se conviertan en ciudadanos íntegros para construir un nuevo Haití.