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El Departamento de Educación Superior de Bhubaneswar ha descubierto varias universidades que admiten estudiantes para la sesión académica 2023-24 sin reconocimiento válido, violando la Ley de Educación de Odisha de 1969. A pesar de la disposición de reconocimiento temporario por una duración acumulada de siete años, estos colegios siguen funcionando sin la debida autorización. El Departamento ha ordenado a los directores regionales de educación que elaboren una lista exhaustiva de estas instituciones. Mientras tanto, en Uttar Pradesh, el Departamento de Educación ha conseguido mejorar la asistencia en los Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas mediante el uso de tecnología de reconocimiento facial, abordando los problemas de los alumnos fantasma y los docentes sustitutos.

La Ley de Admisión Justa a la Universidad para Estudiantes pretende acabar con las admisiones por legado en las universidades, eliminando el trato preferente a los solicitantes vinculados con la universidad. Esta medida se considera como una iniciativa para crear prácticas de admisión a la universidad más justas, abordando el beneficio de la tradición para las personas blancas acomodadas y la dependencia de tales prácticas por parte del sistema escolar de élite. La presentación del proyecto de ley se produce tras la reciente decisión de la Corte Suprema de poner fin a la discriminación positiva, que tenía en cuenta la raza entre los factores de admisión de estudiantes.

Según la Cancillería del Estado, el 20 % de las solicitudes de ingreso a los institutos de enseñanza superior de California son fraudulentas. Un oncólogo radioterapeuta de la UC Davis es uno de los miles de personas que fueron víctimas de robo de identidad para crear solicitudes fraudulentas de postulantes con la intención de robar ayuda federal, una práctica que ha provocado una afluencia sin precedentes de estudiantes fantasma. El City College de San Francisco denunció unos59 estudiantes fraudulentos y ha identificado 29 estudiantes fantasma que han recibido 22 418 dólares hasta la fecha.

La directora de Zimbabwe Women Against Corruption Trust instó al gobierno a mejorar las condiciones de trabajo y la remuneración de los docentes y a investigar la cuestión de las clases adicionales. Los docentes de las escuelas públicas piden dinero a los alumnos por las clases adicionales, lo que fomenta la discriminación contra otros alumnos. Los que no pueden pagar se ven privados de la igualdad de acceso a una educación de calidad.

La organización Ghana Integrity Initiative ha pedido que se elimine el sistema de listas de protocolo en las escuelas secundarias, en el marco del Sistema Informatizado de Selección y Colocación Escolar. Un nuevo documental titulado "School Placement for sale" muestra a padres, tutores y funcionarios encargados de la colocación haciendo presuntos "tratos" para conseguir plazas para los estudiantes. Algunos padres pagaron 20.000 GHS para que sus hijos fueran colocados en escuelas, mientras que otros pagaron 8.500 GHS por escuelas preferentes.

Una investigación determinó que casi 170 residentes presuntamente cometieron fraude en las subvenciones del Plan de Desarrollo de la Educación Continua, lo que supuso más de 1 millón de MOP. Entre 2016 y 2019, dos miembros del personal suscitaron el interés de los residentes para que solicitaran cursos subvencionados ante la Oficina de Educación y Asuntos de la Juventud para el Plan de Desarrollo de la Educación Continua. El centro informó sobre registros de asistencia falsos y se confabuló con instructores y alumnos para falsificar registros de asistencia, mientras que los alumnos recibían reembolsos en efectivo por valor de la mitad de las subvenciones abonadas o realizaban otros cursos impartidos por el centro en forma gratuita.

La Campaña Corrupción Cero (ZCC), una organización de la sociedad civil que se centra en la promoción de la integridad, la responsabilidad y la transparencia en los servicios de las instituciones del sector público, ha advertido a las autoridades escolares del país que dejen de recaudar dinero en concepto de cuotas adicionales para los estudiantes que cursen sus estudios en 2022/2023. El ZCC dijo que tales prácticas equivalen a corrupción y a un intento deliberado de socavar la educación escolar gratuita de calidad.

El director de la Agencia Puerta del Futuro fue condenado a siete años de prisión y a una multa de 7 millones de dinares (unos 50,000 dólares), después que 75 estudiantes argelinos que querían matricularse en universidades extranjeras, incluidas las de Ucrania, Turquía y Rusia, fueran víctimas de un fraude. Aunque pagaron a la Agencia grandes sumas de dinero, las condiciones de alojamiento eran pésimas y sus solicitudes universitarias, falsas. Dos de sus ayudantes y tres influencers, procesados en el mismo caso, fueron condenados a un año de prisión y a una multa de 100,000 dinares (unos 700 dólares) cada uno.