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La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción (PCCB) y la Autoridad de Control y Aplicación de Drogas (DCEA) se unieron recientemente para combatir la corrupción y el consumo de drogas en las instituciones educativas. Firmaron en Dodoma un pacto titulado "Eliminar la corrupción y las drogas ilícitas en las escuelas e instituciones de aprendizaje superior". El memorando se centra en el intercambio de información para prevenir estos vicios y tiene por objeto desalentar la participación de los jóvenes en la corrupción y el uso indebido de drogas. La PCCB ha creado 7.000 clubes anticorrupción en escuelas e instituciones de enseñanza superior del país.

Según una encuesta realizada por Education Sub-Saharan Africa (ESSA), la mayoría de las universidades de África Oriental tuvieron problemas para mantener la integridad de los exámenes que se realizaron en línea durante la pandemia de COVID-19. El investigador principal de ESSA informa que los estudiantes utilizaron materiales prohibidos durante los exámenes o infringieron las políticas de examen de las universidades. Uganda y Kenia registraron el mayor número de universidades con problemas, con un 31 % y un 27 %, respectivamente.

Una investigación llevada a cabo en Tanzania evidencia la existencia de un número cada vez mayor de oficinas y personas que se ganan la vida redactando tesis e informes de investigación para estudiantes de posgrado y universitarios. Esta forma de deshonestidad académica está muy extendida entre los estudiantes de posgrado, la mayoría de los cuales trabajan tanto en el sector público como en el privado.

Diez de cada quince estudiantes en Tanzania admitieron que habían plagiado de forma regular sin que el supervisor se diera cuenta. Utilizaban maneras fraudulentas para graduarse porque los profesores o no tenían tiempo para mirar críticamente el trabajo de los estudiantes, o sí se daban cuenta que era un plagio, pero aprovechaban para recibir sobornos. Según un profesor de la Universidad Tumaini Makumira, algunos de sus colegas asignan o aprueban proyectos que ya existen en las bibliotecas de la institución.

La corrupción es parte del diario vivir en Tanzania. Maestros aceptan sobornos para dejar que sus estudiantes pasen sus exámenes y hasta para matricular a niños en las escuelas. Y además de eso, pagan sobornos para obtener ascensos o para obtener traslados a lugares más cómodos. “Unidos por nuestros derechos”, es un proyecto implementado por la Unión Europea y dos organismos no gubernamentales de Tanzania que tienen por objetivo empoderar a los ciudadanos para entender mejor sus derechos y cómo abordar corrupciones y asuntos de gobernanzas.

El Comité Parlamentario de Cuentas Públicas está investigando a Dar es Salaam, la principal Universidad de Tanzania, debido a la mala administración de fondos. A principios del mes, reportes de auditoría para los años fiscales 2014-15 y 2015-16, fueron presentados al Comité Parlamentario, mostrando que aproximadamente US$0.5 millones se perdieron en intereses de préstamos a trabajadores que no se pagaron y US$0.2 millones en salarios de trabajadores fantasmas de la universidad. El presidente del comité señaló que el pobre manejo financiero de la universidad estaba detrás de las pérdidas.

Siguiendo una directriz del Presidente de la 5ta fase del Gobierno de Tanzania, a finales del 2016, (realizados por un grupo especial presidencial) para verificar las credenciales académicas de 400,035 servidores públicos, quienes retiran salarios de las arcas del gobierno, se descubrió corrupción. La investigación reveló que 9,932 empleados públicos llegaron a sus puestos con ayuda de certificados educativos que habían sido falsificados, prestados, comprados o robados.

La Secretaría de Reclutamiento de Servicio Público ha recolectado un total de 1,008 certificados académicos falsos de personas buscando trabajos en el sector público. El subsecretario del Departamento de Calidad y Control dijo que el uso de certificados falsos es una crisis nacional ya que son usados por la mayoría de los buscadores de empleo. “Los 1,008 certificados académicos falsos fueron recolectados durante los seis años de la gestión”, dijo y elogió al gobierno por su campaña contra el uso de certificados falsos en el sector público. Las personas tras dichos certificados fueron retenidas y sus certificados registrados en “la lista negra” de dicho sector.