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La Organisation Tchadienne Anti-Corruption (OTAC) ha lanzado una campaña de sensibilización destinada a educar a alumnos y docentes sobre la importancia de la ética y la lucha contra la corrupción en el entorno escolar. Al subrayar la importancia de combatir las consecuencias de la corrupción, en particular su influencia en las notas y las prácticas nocivas, como los favores sexuales, el coordinador nacional de la OTAC destacó la necesidad de considerar la dimensión de género, fomentando la autonomía de las jóvenes y la promoción de la igualdad de oportunidades.

Según los informes de la Oficina Central de Lucha contra el Enriquecimiento Ilícito (OCLEI) y de la Oficina del Auditor General (BVG), el sector de la educación en Malí se enfrenta a una serie de malversaciones financieras. Las subvenciones anuales del Estado a las escuelas privadas ascienden a 49 600 millones de FCFA, pero se han detectado irregularidades financieras por valor de más de 19 744 millones de FCFA. Se han cuestionado prácticas dudosas, tales como la atribución de subvenciones a establecimientos no conformes, la emisión de órdenes falsas y pagos irregulares.

Las autoridades educativas en N'Zérékoré organizan una reunión para hacer un seguimiento sobre las sospechas de malversación de fondos vinculados con la compra de pupitres para las asociaciones de padres de alumnos. La Agencia Nacional de Lucha contra la Corrupción y la Buena Gobernanza ha anunciado la creación de un número verde para señalar los casos de corrupción. Se ha sensibilizado a los responsables de las escuelas y las asociaciones de padres de alumnos sobre el concepto de corrupción y las prácticas inadecuadas. El prefecto ha exhortado a evitar la manipulación de las asociaciones para obtener el dinero de los padres, señalando que los implicados deberán responder ante la justicia.

En colaboración con la ONUDC y la UNESCO, la Agencia de Prevención y Lucha contra la Corrupción (APLC) ha organizado una formación integral destinada a los formadores de docentes de enseñanza primaria, secundaria y profesional. En su calidad de autoridad nacional de referencia en materia de lucha contra la corrupción, la APLC está dispuesta a luchar de manera exhaustiva y aportar respuestas concretas mediante el desarrollo de una estrategia de prevención capaz de combatir este flagelo.

La Agencia de Prevención y lucha contra la corrupción (APLC), impulsa al gobierno a incluir en el programa nacional de enseñanza un curso de lucha contra la corrupción desde la educación prescolar hasta el nivel universitario. Según la coordinadora adjunta de la APLC, la sanción no es la única solución para erradicar la corrupción. La APLC se esfuerza por concientizar a los congoleños sobre el cambio necesario de mentalidad y la implantación de una nueva cultura de la integridad.

La Alta Autoridad para la Buena Gobernanza de Costa de Marfil ha anunciado la finalización del diseño de los manuales y del programa de formación titulado "Educación en la lucha contra la corrupción", destinado a estudiantes y futuros funcionarios. Los documentos se remitirán al gobierno para su aprobación. Este proyecto de lucha contra la corrupción se puso en marcha en el 2019 desde la educación preescolar hasta la superior, pasando por la educación primaria, secundaria, técnica-profesional, así como por las escuelas de formación profesional

Varios expertos en pedagogía participaron en junio de 2022 en un taller de elaboración de programas educativos sobre la lucha contra la corrupción y la buena gobernanza organizado por la Alta Autoridad para la Buena Gobernanza. El proyecto tiene por objeto inculcar comportamientos de integridad, transparencia y responsabilidad en los alumnos de enseñanza preescolar, secundaria y superior y en las escuelas de formación de funcionarios públicos.

Según una encuesta realizada por Transparencia Internacional Madagascar, el 84% de los estudiantes son víctimas de la corrupción sexual. El modus operandi más común es primero atraer a un estudiante y luego ofrecerle una buena calificación a cambio de un favor sexual. La Confederación de Sindicatos de Profesores ha denunciado la existencia de una red de protección de profesores culpables en el Ministerio de Educación Superior.

Según un comunicado de prensa del Ministerio de Justicia, 84 individuos han sido acusados de fraude en el bachillerato, 40 de los cuales han sido detenidos y 13 están bajo supervisión judicial. Son acusados de distribuir temas de exámenes y ejemplos de sus calificaciones y correcciones a través de las redes sociales.