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En Alemania, el número de universidades privadas se ha duplicado en las dos últimas décadas, hasta alcanzar las 115, y el número de estudiantes se ha cuadruplicado. Estas instituciones se financian a partir de diversas fuentes, como empresas y fondos familiares. Aunque las universidades afirman que su independencia académica se mantiene intacta, han surgido problemas de transparencia. Transparencia Internacional advierte contra la posible influencia de las empresas en la investigación a través de su financiación e insta a una mayor transparencia para preservar la integridad académica.

Zimbabue está elaborando una nueva legislación sobre investigación médica destinada a modernizar el enfoque de la investigación sanitaria. Esta iniciativa pretende abordar problemas como leyes obsoletas, falta de transparencia de los datos y dependencia de la financiación extranjera. Mediante el fomento de iniciativas locales de investigación y colaboraciones entre el mundo académico y la industria, Zimbabue pretende mejorar su capacidad de investigación e innovación médicas, al alinearse con las prioridades nacionales y avanzar hacia sus objetivos de Visión 2030.

El Gobierno polaco ha introducido medidas para combatir la corrupción en el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo (NCBiR), entre ellas una mayor supervisión por parte del Ministerio de Ciencia y Educación Superior. Las denuncias de malversación de fondos e irregularidades en la asignación de subvenciones han dado lugar a investigaciones y cambios en el funcionamiento del NCBiR. Además, se están tomando medidas para garantizar una financiación transparente y equitativa de las universidades, con planes para aumentar la financiación de la ciencia y la enseñanza superior.

Cinco universidades de Estados Unidos han llegado a un acuerdo para resolver una demanda en la que se las acusa de colusión en materia de ayudas financieras e ilegalidades en la admisión de alumnos, según se desprende de nuevos documentos judiciales. Las universidades de Yale, Columbia, Duke, Brown y Emory pagarán un total de 104,5 millones de dólares para resolver su parte del caso, presentado por cinco exalumnos contra más de una docena de centros. La demanda alega que las universidades infringieron la legislación antimonopolio al ignorar su promesa de no sopesar la capacidad de un estudiante para pagar las cuotas de matrícula a la hora de decidir su admisión, una práctica conocida como “admisión a ciegas ".

La Oficina Nacional de Auditoría (NAO) ha revelado su preocupación por la delincuencia organizada que se aprovecha de la laxa supervisión de los centros de enseñanza superior no regulados de Inglaterra, que estarían beneficiándose de fraudes en los préstamos a estudiantes por valor de 60 millones de libras. El informe destaca casos de fraude y abuso en proveedores privados de enseñanza superior que ofrecen cursos en colaboración con universidades convencionales. Algunos proveedores supuestamente inscriben a estudiantes con poco interés en completar los cursos para acceder a préstamos de mantenimiento respaldados por el gobierno, lo que les reporta sustanciosos beneficios económicos a través de las cuotas de matrícula y franquicia.

El Frente por la Libertad Plus solicita una reunión con la Comisión de Educación Superior del Parlamento en respuesta a las acusaciones de corrupción en el Plan Nacional de Ayuda Financiera para Estudiantes (NSFAS). La Organisation Undoing Tax Abuse (OUTA) afirma poseer grabaciones de reuniones entre el presidente del consejo del NSFAS y un representante de los proveedores de servicios del NSFAS. Según OUTA, estas grabaciones sugieren que los proveedores de servicios pagaron importantes comisiones ilegales al Ministro de Educación Superior y al Partido Comunista de Sudáfrica a cambio de las licitaciones.

Un estudio revela que un número significativo de universidades del Reino Unido sigue aceptando millones en efectivo para pagos de matrícula y alojamiento, lo que las hace vulnerables a los riesgos de blanqueo de capitales. Alrededor de veintidós universidades seguían aceptando pagos en efectivo, con un total que alcanzaría los 12 millones de libras en 2019-20. La investigación destaca la preocupación por el hecho de que no se sigan estrictamente las directrices contra el blanqueo de capitales y de que las universidades no informen sobre actividades sospechosas, lo que puede poner en peligro al personal y a los estudiantes. El estudio pide una legislación más estricta para hacer frente a estas vulnerabilidades.

La Fiscalía General libia ha ordenado la detención de funcionarios de la oficina de becas del Ministerio de Educación Superior en Türkiye, acusados de malversar becas para estudiantes libios por valor de unos 14 millones de euros (15 millones de dólares). La investigación reveló irregularidades que afectaban a 757 alumnos que estudiaban en Türkiye, debido a infracciones tales como retrasos en los estudios, superación de los plazos de titulación y concesión de becas a hijos de funcionarios que ya recibían prestaciones educativas. El Primer Ministro suspendió las becas en el extranjero y retiró al Ministro la autoridad sobre la aprobación de becas.

Los estudiantes protestaron frente al Ministerio mauritano de Enseñanza Superior e Investigación Científica debido a su preocupación por la transparencia en la concesión de becas en el extranjero. Se excluyó a una amplia gama de estudiantes de medicina y licenciaturas, mientras que se han retenido 90 de las 200 becas ofrecidas por la Agencia Marroquí de Cooperación Internacional. La falta de transparencia en la distribución de becas se alinea con problemas de corrupción más generales observados en los sistemas de enseñanza superior africanos, como el nepotismo y el favoritismo.