Página de búsqueda

Las universidades británicas y los proveedores de itinerarios privados para estudiantes internacionales se enfrentan a acusaciones por admitir a estudiantes extranjeros con requisitos de acceso inferiores a los de sus homólogos nacionales. Esto ha suscitado preocupación por la equidad y la transparencia en las prácticas de admisión, ya que los estudiantes extranjeros pagan a veces hasta 38 000 libras (48 000 dólares) de matrícula, frente a las 9 250 libras (11 700 dólares) que pagan los estudiantes británicos. La controversia pone de relieve cuestiones como los programas International Year One y el papel de los agentes en la selección de estudiantes, lo que suscita llamados en favor de enfoques más éticos y un mayor control en el criterio de selección de estudiantes internacionales.

El Departamento de Educación Superior de Bhubaneswar ha descubierto varias universidades que admiten estudiantes para la sesión académica 2023-24 sin reconocimiento válido, violando la Ley de Educación de Odisha de 1969. A pesar de la disposición de reconocimiento temporario por una duración acumulada de siete años, estos colegios siguen funcionando sin la debida autorización. El Departamento ha ordenado a los directores regionales de educación que elaboren una lista exhaustiva de estas instituciones. Mientras tanto, en Uttar Pradesh, el Departamento de Educación ha conseguido mejorar la asistencia en los Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas mediante el uso de tecnología de reconocimiento facial, abordando los problemas de los alumnos fantasma y los docentes sustitutos.

El Gobierno australiano ha introducido medidas estrictas para combatir el fraude y la explotación en el sistema de visas de estudios. Entre ellas figuran prohibir las comisiones de los agentes por el traslado de estudiantes entre instituciones, evitar que los agentes educativos posean participaciones en proveedores de educación australianos y crear una unidad de integridad dentro de la autoridad reguladora de la educación y formación profesional (EFP) para supervisar y hacer cumplir la normativa entre los proveedores de EFP, haciendo hincapié en la importancia de la asistencia de los estudiantes como indicador de riesgo.

Un estudio revela que un número significativo de universidades del Reino Unido sigue aceptando millones en efectivo para pagos de matrícula y alojamiento, lo que las hace vulnerables a los riesgos de blanqueo de capitales. Alrededor de veintidós universidades seguían aceptando pagos en efectivo, con un total que alcanzaría los 12 millones de libras en 2019-20. La investigación destaca la preocupación por el hecho de que no se sigan estrictamente las directrices contra el blanqueo de capitales y de que las universidades no informen sobre actividades sospechosas, lo que puede poner en peligro al personal y a los estudiantes. El estudio pide una legislación más estricta para hacer frente a estas vulnerabilidades.

La Ley de Admisión Justa a la Universidad para Estudiantes pretende acabar con las admisiones por legado en las universidades, eliminando el trato preferente a los solicitantes vinculados con la universidad. Esta medida se considera como una iniciativa para crear prácticas de admisión a la universidad más justas, abordando el beneficio de la tradición para las personas blancas acomodadas y la dependencia de tales prácticas por parte del sistema escolar de élite. La presentación del proyecto de ley se produce tras la reciente decisión de la Corte Suprema de poner fin a la discriminación positiva, que tenía en cuenta la raza entre los factores de admisión de estudiantes.

Según la Cancillería del Estado, el 20 % de las solicitudes de ingreso a los institutos de enseñanza superior de California son fraudulentas. Un oncólogo radioterapeuta de la UC Davis es uno de los miles de personas que fueron víctimas de robo de identidad para crear solicitudes fraudulentas de postulantes con la intención de robar ayuda federal, una práctica que ha provocado una afluencia sin precedentes de estudiantes fantasma. El City College de San Francisco denunció unos59 estudiantes fraudulentos y ha identificado 29 estudiantes fantasma que han recibido 22 418 dólares hasta la fecha.

Una investigación determinó que casi 170 residentes presuntamente cometieron fraude en las subvenciones del Plan de Desarrollo de la Educación Continua, lo que supuso más de 1 millón de MOP. Entre 2016 y 2019, dos miembros del personal suscitaron el interés de los residentes para que solicitaran cursos subvencionados ante la Oficina de Educación y Asuntos de la Juventud para el Plan de Desarrollo de la Educación Continua. El centro informó sobre registros de asistencia falsos y se confabuló con instructores y alumnos para falsificar registros de asistencia, mientras que los alumnos recibían reembolsos en efectivo por valor de la mitad de las subvenciones abonadas o realizaban otros cursos impartidos por el centro en forma gratuita.

El director de la Agencia Puerta del Futuro fue condenado a siete años de prisión y a una multa de 7 millones de dinares (unos 50,000 dólares), después que 75 estudiantes argelinos que querían matricularse en universidades extranjeras, incluidas las de Ucrania, Turquía y Rusia, fueran víctimas de un fraude. Aunque pagaron a la Agencia grandes sumas de dinero, las condiciones de alojamiento eran pésimas y sus solicitudes universitarias, falsas. Dos de sus ayudantes y tres influencers, procesados en el mismo caso, fueron condenados a un año de prisión y a una multa de 100,000 dinares (unos 700 dólares) cada uno.

California community college officials uncovered the state’s biggest financial aid scam attempts: over 60,000 aid applications compared to 2019, from students older than 30 earning less than US$40,000 annually and seeking a two-year degree rather than a vocational certificate. Faculty were also beginning to question whether many of their ‘students’ were actually fake bot accounts. California community colleges have received more than $1.6 billion in emergency COVID-19 relief for low-income students.