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La directora del Training Domain, una institución educativa de Fort Meyers, diseñada para mejorar las aptitudes laborales de los estudiantes, ha sido acusada con 10 cargos de fraude electrónico y un cargo de fraude de la Asistencia Federal del Estudiante (FSA). De julio 2017 a abril 2019, asistió a estudiantes en la aplicación de ayuda financiera, pero en lugar de utilizar los ingresos del préstamo y subvención, para impartir las clases y para otros gastos educacionales, la directora se quedó con los fondos de la FSA y lo dividió con los estudiantes. También falsificó diplomas de secundaria.

Los órganos de acreditación mantienen a cientos de escuelas con unos bajos índices de alumnos graduados o con un alto número de impagos de sus préstamos. La mayoría de las universidades no pueden mantener sus puertas abiertas sin un sello de aprobación de algún órgano de acreditación, que se necesita para que los estudiantes tengan acceso a préstamos y becas federales. Pero los órganos de acreditación casi nunca expulsan a las universidades con peores resultados académicos y carecen de estándares uniformes para evaluar los índices de graduación y los impagos de préstamos.

El jurado de inculpación federal de Kansas acusó hace un mes a un ex entrenador de baloncesto de una facultad de haber arreglado que sus jugadores recibieran créditos académicos fraudulentos y haber robado US$ 120.000 en Pell Grants. El ex entrenador se expone a un total de 51 años de prisión y más de US$ 1,5 millones en multas si se lo encuentra culpable de todos los cargos.

Un ex investigador de la Universidad Tecnológica de Texas, acusado de no gestionar bien las demandas de acoso y de defraudar a la universidad la parte de dinero destinada a proyectos de investigación clínica, fue condenado la semana pasada a dos años de prisión y una multa de 15.000 $.

El Departamento de Educación de Estados Unidos propuso la semana pasada nuevas reglas para flexibilizar una prohibición impuesta a la compensación de incentivos para reclutadores universitarios y eliminar así una norma de ayudas financieras. La propuesta para anular la regla de 12 horas lleva muchos años siendo centro de debate. Los proveedores de educación a distancia han instado al departamento y al Congreso a invalidar esta norma, pero hay quienes apelan a los temores de que relajar la normativa conduciría al fraude.