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En Alemania, el número de universidades privadas se ha duplicado en las dos últimas décadas, hasta alcanzar las 115, y el número de estudiantes se ha cuadruplicado. Estas instituciones se financian a partir de diversas fuentes, como empresas y fondos familiares. Aunque las universidades afirman que su independencia académica se mantiene intacta, han surgido problemas de transparencia. Transparencia Internacional advierte contra la posible influencia de las empresas en la investigación a través de su financiación e insta a una mayor transparencia para preservar la integridad académica.

Zimbabue está elaborando una nueva legislación sobre investigación médica destinada a modernizar el enfoque de la investigación sanitaria. Esta iniciativa pretende abordar problemas como leyes obsoletas, falta de transparencia de los datos y dependencia de la financiación extranjera. Mediante el fomento de iniciativas locales de investigación y colaboraciones entre el mundo académico y la industria, Zimbabue pretende mejorar su capacidad de investigación e innovación médicas, al alinearse con las prioridades nacionales y avanzar hacia sus objetivos de Visión 2030.

El Gobierno polaco ha introducido medidas para combatir la corrupción en el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo (NCBiR), entre ellas una mayor supervisión por parte del Ministerio de Ciencia y Educación Superior. Las denuncias de malversación de fondos e irregularidades en la asignación de subvenciones han dado lugar a investigaciones y cambios en el funcionamiento del NCBiR. Además, se están tomando medidas para garantizar una financiación transparente y equitativa de las universidades, con planes para aumentar la financiación de la ciencia y la enseñanza superior.

El ex Secretario General del Sindicato Nacional Docente de Kenia (KNUT) ha acogido con satisfacción la decisión del Ministerio de Educación de pedir a los padres que paguen las cuotas escolares de los alumnos de las escuelas nacionales a través de la plataforma e-Citizen. Esta nueva iniciativa gubernamental pretende mejorar la prestación de servicios, aportar transparencia y proteger tanto a los alumnos como a los padres. Sin embargo, algunos expresan su preocupación por las dificultades prácticas y el estado de preparación del país para una transición digital de este tipo.

Cinco universidades de Estados Unidos han llegado a un acuerdo para resolver una demanda en la que se las acusa de colusión en materia de ayudas financieras e ilegalidades en la admisión de alumnos, según se desprende de nuevos documentos judiciales. Las universidades de Yale, Columbia, Duke, Brown y Emory pagarán un total de 104,5 millones de dólares para resolver su parte del caso, presentado por cinco exalumnos contra más de una docena de centros. La demanda alega que las universidades infringieron la legislación antimonopolio al ignorar su promesa de no sopesar la capacidad de un estudiante para pagar las cuotas de matrícula a la hora de decidir su admisión, una práctica conocida como “admisión a ciegas ".

La Oficina Nacional de Auditoría (NAO) ha revelado su preocupación por la delincuencia organizada que se aprovecha de la laxa supervisión de los centros de enseñanza superior no regulados de Inglaterra, que estarían beneficiándose de fraudes en los préstamos a estudiantes por valor de 60 millones de libras. El informe destaca casos de fraude y abuso en proveedores privados de enseñanza superior que ofrecen cursos en colaboración con universidades convencionales. Algunos proveedores supuestamente inscriben a estudiantes con poco interés en completar los cursos para acceder a préstamos de mantenimiento respaldados por el gobierno, lo que les reporta sustanciosos beneficios económicos a través de las cuotas de matrícula y franquicia.

El Frente por la Libertad Plus solicita una reunión con la Comisión de Educación Superior del Parlamento en respuesta a las acusaciones de corrupción en el Plan Nacional de Ayuda Financiera para Estudiantes (NSFAS). La Organisation Undoing Tax Abuse (OUTA) afirma poseer grabaciones de reuniones entre el presidente del consejo del NSFAS y un representante de los proveedores de servicios del NSFAS. Según OUTA, estas grabaciones sugieren que los proveedores de servicios pagaron importantes comisiones ilegales al Ministro de Educación Superior y al Partido Comunista de Sudáfrica a cambio de las licitaciones.

Según los informes de la Oficina Central de Lucha contra el Enriquecimiento Ilícito (OCLEI) y de la Oficina del Auditor General (BVG), el sector de la educación en Malí se enfrenta a una serie de malversaciones financieras. Las subvenciones anuales del Estado a las escuelas privadas ascienden a 49 600 millones de FCFA, pero se han detectado irregularidades financieras por valor de más de 19 744 millones de FCFA. Se han cuestionado prácticas dudosas, tales como la atribución de subvenciones a establecimientos no conformes, la emisión de órdenes falsas y pagos irregulares.