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El vicerrector de la Universidad de Egerton y ocho miembros del Consejo Universitario han sido condenados a 30 días de cárcel por no cumplir una orden judicial que les ordenaba pagar a los profesores el 100% de sus salarios. El capítulo del Sindicato del Personal Académico de la Universidad de Egerton (UASU) había presentado una demanda por desacato después de que la universidad impusiera un recorte salarial del 40% en 2020, supuestamente como medida provisional ante la llegada de la pandemia COVID-19. Sin embargo, el Consejo no presentó pruebas de la necesidad de esta medida.

Cuatro estudiantes han sido detenidos por presuntas malas prácticas durante los exámenes del Certificado de Educación Secundaria de Kenia (KCSE) a través de las plataformas WhatsApp y Telegram. Los detectives utilizaron técnicas forenses cibernéticas y digitales para interceptar docenas de mensajes que contenían capturas de pantalla de los trabajos que se estaban examinando. Según la Dirección de Investigaciones Criminales (DCI), los esfuerzos del Ministerio de Educación por preservar la integridad de la administración del examen han sido puestos en peligro por funcionarios corruptos.

Dos antiguos contadores del Ministerio de Educación Superior, Ciencias y Tecnología, recibieron 7.5 años de cárcel después de encontrarse culpables de malversar 2.5 millones de chelines. Enfrentaron 10 cargos por adquisición fraudulenta de bienes públicos, abuso de funciones, conspiración para defraudar y robo por parte de una persona empleada en la administración pública. Otro funcionario del ministerio fue condenado a 2.5 años después de robar 1.5 millones de chelines de fondos públicos.

El Sindicato de Personal Académico Universitario de Kenia (UASU) ha amenazado con ir a la corte si el Ministerio de Educación no toma acción inmediata ante las instituciones de educación superior del país, que han sido reportadas por ilegalmente hacer descuentos de los salarios de sus empleados sin remitir las deducciones a las instituciones pertinentes. El mes pasado, el Ministerio de Educación dio a conocer un informe de auditoría mostrando que algunas universidades públicas del país estaban descontando billones de chelines de los salarios de sus empleados y no reportaban el dinero regularmente a las instituciones correspondientes. El total de los descuentos salariales ilegales es aproximadamente de US$100 millones.

El mes pasado, una estudiante de la Universidad de Mount Kenia, perdió su juicio en la corte, donde estaba disputando su suspensión de la universidad por hacer trampa en un examen. El juez desestimó la demanda, cuando descubrió que el proceso disciplinario de la universidad siguió una acción administrativa justa. La estudiante se había presentado en la corte para buscar compensación, argumentando que el criterio usado por el comité disciplinario de la universidad, para llegar a su veredicto era injusto, excesivo y violaba la Constitución y que tenía derecho a una audiencia imparcial. Hasta el momento, hacer trampa en los exámenes en las universidades, se ha generalizado no solo en Kenia, pero en muchas partes del mundo.

El Ministerio de Educación está investigando a algunas escuelas que presuntamente inflaron las cifras de inscripción para beneficiarse indebidamente de dinero gratis para la enseñanza. El Gabinete de la Secretaría advirtió que se tomarían las medidas apropiadas en contra de aquéllos individuos involucrados en el escándalo, diciendo que dicha práctica es una ofensa criminal penada por la ley. El reporte del Auditor General de los estados financieros del Ministerio de Educación para el año fiscal 2013/2014 informa que el gobierno perdió millones de chelines en impuestos en las escuelas públicas que inflaron sus cifras de inscripción.

El Consejo Nacional de Examinación de Kenia ha advertido a los candidatos de KCSE y a sus padres de no comprar exámenes de química falsos que se encuentran en circulación. El Consejo interceptará dichos papeles y tomará acción en contra de aquéllos individuos que los distribuyan y vendan.

Aquellas universidades extranjeras que ofrezcan grados universitarios en Kenia sin acreditación serán multadas con una cantidad de al menos 10 millones de chelines kenianos y sus promotores serán enviados a tres años de prisión bajo el amparo de una nueva ley dirigida a salvaguardar los estándares educacionales. La Comisión para la Educación Universitaria (CUE por sus siglas en inglés) reemplazará a la Comisión de la Educación Superior en la supervisión del nivel educativo de la universidad.

Kenia ha hecho pública una nueva normativa y ha advertido a más de 200 instituciones acerca de las medidas enérgicas que se van a tomar contra 21 gestores que se enfrentan a cargos penales por operar escuelas universitarias ilegales, habiendo ya cerrado 63 de ellas a lo largo del último año. Dicha acción sigue los pasos de los planes del gobierno para financiar a las instituciones en un sector tan clave como es el de la educación, para ayudarles a hacer frente a la alta demanda de universitarios bien capacitados.

Nairobi — el ministro de Educación Superior, William Ruto, declaró que no dimitirá bajo la acusación de fraude de 96 millones de chelines keniatas que pende sobre él ante los tribunales.