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El vicerrector de la Universidad de Egerton y ocho miembros del Consejo Universitario han sido condenados a 30 días de cárcel por no cumplir una orden judicial que les ordenaba pagar a los profesores el 100% de sus salarios. El capítulo del Sindicato del Personal Académico de la Universidad de Egerton (UASU) había presentado una demanda por desacato después de que la universidad impusiera un recorte salarial del 40% en 2020, supuestamente como medida provisional ante la llegada de la pandemia COVID-19. Sin embargo, el Consejo no presentó pruebas de la necesidad de esta medida.

La Comisión de Ética y Lucha contra la Corrupción (EACC) está investigando decenas de casos que implican a políticos, funcionarios estatales y públicos en relación con la falsificación de títulos, la asignación ilegal de recursos, el empleo irregular y la aprobación de presuntos proyectos de ley pendientes. Según el director general de la EACC, se recuperará el dinero y los bienes de los políticos que utilizaron certificados académicos falsos para obtener cargos electivos, incluso de los que se jubilaron.

Un estudio reciente realizado en Kenia reveló que el 68% de los encuestados había incurrido en alguna forma de mala conducta, mientras que el 36% admitió haber cometido las infracciones más graves de fabricación, falsificación o plagio. Para promover las prácticas éticas de investigación, la transparencia, la equidad, la responsabilidad y el rigor en todo el continente, se ha puesto en marcha la Red Africana de Integridad en la Investigación (ARIN). La asociación se registrará en diferentes países donde se establecerán nodos.

Cuatro estudiantes han sido detenidos por presuntas malas prácticas durante los exámenes del Certificado de Educación Secundaria de Kenia (KCSE) a través de las plataformas WhatsApp y Telegram. Los detectives utilizaron técnicas forenses cibernéticas y digitales para interceptar docenas de mensajes que contenían capturas de pantalla de los trabajos que se estaban examinando. Según la Dirección de Investigaciones Criminales (DCI), los esfuerzos del Ministerio de Educación por preservar la integridad de la administración del examen han sido puestos en peligro por funcionarios corruptos.