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La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción (PCCB) y la Autoridad de Control y Aplicación de Drogas (DCEA) se unieron recientemente para combatir la corrupción y el consumo de drogas en las instituciones educativas. Firmaron en Dodoma un pacto titulado "Eliminar la corrupción y las drogas ilícitas en las escuelas e instituciones de aprendizaje superior". El memorando se centra en el intercambio de información para prevenir estos vicios y tiene por objeto desalentar la participación de los jóvenes en la corrupción y el uso indebido de drogas. La PCCB ha creado 7.000 clubes anticorrupción en escuelas e instituciones de enseñanza superior del país.

Las autoridades educativas en N'Zérékoré organizan una reunión para hacer un seguimiento sobre las sospechas de malversación de fondos vinculados con la compra de pupitres para las asociaciones de padres de alumnos. La Agencia Nacional de Lucha contra la Corrupción y la Buena Gobernanza ha anunciado la creación de un número verde para señalar los casos de corrupción. Se ha sensibilizado a los responsables de las escuelas y las asociaciones de padres de alumnos sobre el concepto de corrupción y las prácticas inadecuadas. El prefecto ha exhortado a evitar la manipulación de las asociaciones para obtener el dinero de los padres, señalando que los implicados deberán responder ante la justicia.

La certificación de los libros de texto por parte del Consejo de Investigación y Desarrollo Educativo de Nigeria (NERDC) cuesta 300 nairas por página, y hay que presentar cuatro ejemplares para su evaluación, que se produce de forma irregular y puede llevar meses o años. Mientras que la aprobación del NERDC permite el acceso a las escuelas del Gobierno Federal, conseguir la aprobación a nivel estatal exige otros pasos en los treinta y seis estados de Nigeria. A pesar de estos procedimientos, los libros de texto no aprobados que carecen de número ISBN se infiltran en las escuelas a través de la corrupción, eludiendo la normativa. La lucha contra la piratería y la imposición del uso de libros homologados siguen en marcha y son vitales para la integridad del sistema educativo.

El Gobierno australiano ha introducido medidas estrictas para combatir el fraude y la explotación en el sistema de visas de estudios. Entre ellas figuran prohibir las comisiones de los agentes por el traslado de estudiantes entre instituciones, evitar que los agentes educativos posean participaciones en proveedores de educación australianos y crear una unidad de integridad dentro de la autoridad reguladora de la educación y formación profesional (EFP) para supervisar y hacer cumplir la normativa entre los proveedores de EFP, haciendo hincapié en la importancia de la asistencia de los estudiantes como indicador de riesgo.

El Departamento de Educación de Sindh ha abierto una investigación después de que a una docente de primaria en Pakistán se le concediera la baja por maternidad tres veces en un solo año. La corrupción y la negligencia en el sector educativo estatal están muy extendidas en Sindh, con numerosos casos de escuelas y docentes fantasma. Un vídeo reveló que una escuela primaria pública de Mirpurkhas sólo existía en los papeles. Los salarios se abonaban mensualmente a docentes ficticios, mientras que en el recinto escolar había animales.

La Universidad de Sudáfrica (UNISA) se sometió a una auditoría de la calidad realizada por el Consejo de Educación Superior (CHE), que suscitó preocupación por la ambigüedad de funciones entre el Senado y el Consejo, que podría vulnerar la autoridad académica. La auditoría puso de manifiesto problemas de gobernanza, inscripciones tardías que afectan al éxito de los estudiantes y lagunas en la comunicación con estos. La UNISA ha presentado un plan de mejora para resolver estos problemas y espera la respuesta del CHE.

Un estudio revela que un número significativo de universidades del Reino Unido sigue aceptando millones en efectivo para pagos de matrícula y alojamiento, lo que las hace vulnerables a los riesgos de blanqueo de capitales. Alrededor de veintidós universidades seguían aceptando pagos en efectivo, con un total que alcanzaría los 12 millones de libras en 2019-20. La investigación destaca la preocupación por el hecho de que no se sigan estrictamente las directrices contra el blanqueo de capitales y de que las universidades no informen sobre actividades sospechosas, lo que puede poner en peligro al personal y a los estudiantes. El estudio pide una legislación más estricta para hacer frente a estas vulnerabilidades.

El gobierno de Bangladesh está preparando una nueva ley para endurecer la normativa de las universidades privadas, con el fin de mejorar la transparencia y la gobernanza. Entre las enmiendas propuestas figuran la exigencia de que un tercio de los miembros del consejo de administración sean académicos, la restricción a los beneficios de los administradores y la autorización a las autoridades para nombrar observadores en las universidades que se vean afectadas por cualquier situación. El proyecto de ley también incorpora células de garantía de calidad para mantener la calidad educativa, haciendo hincapié en la necesidad de una mejor gobernanza en medio de la preocupación por la corrupción y las irregularidades en la enseñanza superior privada.

La Ley de Admisión Justa a la Universidad para Estudiantes pretende acabar con las admisiones por legado en las universidades, eliminando el trato preferente a los solicitantes vinculados con la universidad. Esta medida se considera como una iniciativa para crear prácticas de admisión a la universidad más justas, abordando el beneficio de la tradición para las personas blancas acomodadas y la dependencia de tales prácticas por parte del sistema escolar de élite. La presentación del proyecto de ley se produce tras la reciente decisión de la Corte Suprema de poner fin a la discriminación positiva, que tenía en cuenta la raza entre los factores de admisión de estudiantes.