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El ex Secretario General del Sindicato Nacional Docente de Kenia (KNUT) ha acogido con satisfacción la decisión del Ministerio de Educación de pedir a los padres que paguen las cuotas escolares de los alumnos de las escuelas nacionales a través de la plataforma e-Citizen. Esta nueva iniciativa gubernamental pretende mejorar la prestación de servicios, aportar transparencia y proteger tanto a los alumnos como a los padres. Sin embargo, algunos expresan su preocupación por las dificultades prácticas y el estado de preparación del país para una transición digital de este tipo.

Cuatro estudiantes han sido detenidos por presuntas malas prácticas durante los exámenes del Certificado de Educación Secundaria de Kenia (KCSE) a través de las plataformas WhatsApp y Telegram. Los detectives utilizaron técnicas forenses cibernéticas y digitales para interceptar docenas de mensajes que contenían capturas de pantalla de los trabajos que se estaban examinando. Según la Dirección de Investigaciones Criminales (DCI), los esfuerzos del Ministerio de Educación por preservar la integridad de la administración del examen han sido puestos en peligro por funcionarios corruptos.

Un reciente informe sobre el Comité de Cuentas Públicas, reveló el robo de billones de dinero de contribuyentes que se embolsaron funcionarios corruptos y directores escolares. La escuela de Secundaria de Mundeku, es una de cuatro escuelas fantasmas que figuran en los registros del Ministerio con 1,188 estudiantes, utilizados por un funcionario para robar 27,329,598.95 chelines de fondos públicos. El informe encontró otro funcionario inflando datos de matrículas para 185 escuelas, resultando en un sobrepago de 269,254,288 chelines. Los casos han sido presentados a la Comisión de Etica y Anticorrupción para su investigación.

Dos antiguos contadores del Ministerio de Educación Superior, Ciencias y Tecnología, recibieron 7.5 años de cárcel después de encontrarse culpables de malversar 2.5 millones de chelines. Enfrentaron 10 cargos por adquisición fraudulenta de bienes públicos, abuso de funciones, conspiración para defraudar y robo por parte de una persona empleada en la administración pública. Otro funcionario del ministerio fue condenado a 2.5 años después de robar 1.5 millones de chelines de fondos públicos.