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El Tribunal Superior de Calcuta ha ordenado a la Oficina Central de Investigación (CBI), que investigue las presuntas irregularidades en los nombramientos de 269 profesores por parte de la Junta de Educación Secundaria de Bengala Occidental en las escuelas estatales. Los 269 candidatos recibieron una puntuación adicional, por una pregunta errónea de entre unos 23 lakh de aspirantes en la Prueba de Elegibilidad de Profesores en 2014.

Un informe del Tribunal Superior de Calcuta muestra cómo la Comisión Central de Servicios Escolares de Bengala Occidental (WBSSC) presuntamente hizo un uso indebido de la Ley de Derecho a la Información (RTI) para facilitar contrataciones ilegales. El presidente de la WBSSC había dado instrucciones a los presidentes de las cinco comisiones regionales para que escanearan y almacenaran sus firmas en el servidor de aplicaciones de la WBSSC. Posteriormente, se utilizaron como firmas digitales ilegales para más de 500 cartas de recomendación falsas, supuestamente entregadas en mano a los candidatos que no lo merecían.

La Oficina Central de Investigación presentó un informe contra el antiguo subdirector de la dirección de educación escolar de Bengala Occidental, funcionarios de la Comisión de Servicios Escolares y del Consejo de Educación Secundaria por conspiración criminal, estafa, falsificación con fines de engaño y utilización de un documento o registro electrónico falsificado como auténtico. Se extendieron ventajas indebidas en el nombramiento de candidatos no merecedores de puestos de personal del Grupo D, violando las normas departamentales y utilizando documentos falsos.

Se han presentado una serie de peticiones ante el Tribunal Superior de Calcuta en las que se denuncian anomalías en la contratación de empleados de la Junta de Educación Secundaria de Bengala Occidental. Muchos candidatos con puntuaciones inferiores fueron colocados en los primeros puestos de la lista de méritos. Y más de 500 personas fueron nombradas después de que el panel de la Comisión de Servicios Escolares expirara, y ahora están cobrando sueldos del gobierno estatal.

Un estudio realizado por Transparencia Internacional Bangladesh reveló que las actividades educativas de nivel secundario, incluida la contratación de profesores y su inclusión en la nómina de pago mensual, están plagadas de corrupción e irregularidades generalizadas. Para ser nombrado subdirector o director, es necesario pagar un soborno de 5.000 a 1 lakh o de 3,5 a 15 lakh para ser incluido en nómina. El estudio también detectó una falta de responsabilidad en diferentes trabajos administrativos de los funcionarios de educación, como el no asistir a sus oficinas a tiempo y con regularidad.

Se está realizando una investigación por la Comisión de Servicios Docentes (TSC) tras denuncias que comités de docentes a nivel de distrito, bajo la influencia de sobornos, ascendieron a maestros que no cumplían con los requisitos. Un funcionario del gobierno le pidió a la TSC que estableciera un sistema digital para guardar información sobre los maestros y que proporcionara un centro de servicio al cliente para los docentes que se encuentran en dificultades para desempeñar sus funciones.

La Comisión de Servicio Docente (TSC) ha lanzado un nuevo sistema de inscripción biométrica y validación docente, destinado a abordar la escasez de personal y evitar el uso de títulos falsos. Los datos precargados del sistema de nómina del TSC, se validarán cuando los profesores proporcionen documentos físicos, como un certificado de inscripción, documento nacional de identidad y la carta del primer y último nombramiento junto con sus certificados académicos y profesionales. Este registro piloto se puso en marcha en 143 escuelas en siete condados.

La Oficina de Investigación de la Corrupción para Altos funcionarios, está investigando al superintendente de educación de Seúl, por abuso de autoridad, después que la Junta de Auditoría e Inspección de Corea hizo una denuncia en su contra. La transparencia y equidad se vieron afectadas cuando el funcionario ordenó a ciertos departamentos a adelantar la contratación de cinco profesores que habían sido despedidos entre julio y agosto 2018. Anteriormente habían trabajado en su campaña electoral en 2008.