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Cinco profesores de la Universidad Hassan I de Settat (Marruecos) están siendo investigados, después que se filtraran conversaciones en las redes sociales, en las que supuestamente hablaban de la "sextorsión" de alumnas para obtener créditos extra. La comunidad académica pidió un módulo de ética empresarial en los programas de formación del personal universitario para asegurar la sensibilización de las consecuencias negativas de abusar de los estudiantes.

La Fiscalía de Macao está investigando a un funcionario administrativo de la Universidad de Macao y a otros dos socios por cargos de corrupción. Ayudaron a un contratista a licitar para la construcción de residencias en la universidad y falsificaron documentos. El principal sospechoso recibió sobornos para proyectos valorados en 220 millones de MOP (27.4 millones de dólares).

Un documento sobre la Universidad de Lagos (UNILAG) realizado por el Panel de Visita Presidencial, que investiga asuntos de la UNILAG entre 2016 y 2020, ha revelado que dos de los estados de la Federación de Nigeria, específicamente Lagos y Ogún, perdieron 2.9 billones de NGN (7 millones de dólares), por deducciones brutas del salario de sus empleados durante cinco años por parte de la institución. Los siete miembros del panel detectaron casos de fraccionamiento de contratos y adjudicaciones frívolas

La Universidad de Energía y Recursos Naturales de Ghana y la Universidad de Ruanda han sido las únicas universidades proporcionando informes que incluyen información como la estructura de la universidad, número y calificaciones de personal académico y auxiliar, número total de matrículas, y número de graduados. Estos informes son un ejemplo a seguir por las universidades y un medio para fomentar la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas, entre los profesores, personal, estudiantes y comunidades.

Tras la aplicación de la Ley de Organismos Reguladores de la Educación de 2020 (Ley 1023), cualquier institución de enseñanza superior en Ghana, que anuncie o imparta un programa que no está acreditado, se enfrentará a sanciones que incluyen multas de 240,000 GHS (US$41,400). Otra posibilidad es que el vicerrector o el rector de la institución sea encarcelado hasta por 20 años, aunque ambas sanciones pudieran aplicarse.

En la versión en inglés de su página web, la Universidad Kim Il, ha enumerado supuestas asociaciones pasadas y actuales con “universidades hermanas” y afirma que los “intercambios académicos internacionales están en pleno desarrollo”. Muchas de las universidades nombradas están en desacuerdo y no quieren asociarse con Corea del Norte. Han tratado de que sus nombres sean eliminados de la página web, pero hasta el momento la universidad no ha respondido a sus solicitudes.

La investigación de la Comisión de Anticorrupción y Derechos Civiles reveló que 10 universidades nacionales en Corea del Sur presuntamente malversaron 9,400 billones KRW de matrículas estudiantiles. Los fondos estaban destinados a cubrir programas de orientación de los estudiantes y actividades de seguridad realizadas por profesores y personal durante horas de almuerzo, después del trabajo y/o en los fines de semana. Empleados de una de las universidades nacionales exageraron el número de tales actividades, cambiando de lugar y ropa, ganando 1.2 billones KRW.

Cuatro ex altos funcionarios del Departamento de Educación de Cabo Oriental y un director de una compañía han sido arrestados con cargos de corrupción relacionados a la compra de libros de texto escolares. El funcionario de educación se saltó el proceso de la cadena de suministro del departamento, al obtener un acuerdo de Material de Recursos Suplementarios (SRM) que no se necesitaba. Informes alegan que el funcionario recibió un soborno en forma de dos computadoras portátiles y un teléfono móvil de una compañía que recibió 59 millones de rands por el material SRM.

Dos académicos de la Universidad de la ciudad de Two Ho Chi Min, han perdido sus cargos, después que se descubriera que plagiaron contenido de una revista internacional revisada por pares. Confesaron que, en uno de sus artículos publicados, habían traducido el 80% del artículo original sin haber obtenido el permiso del autor o de haber citado su trabajo como fuente.

El cargo de director del Programa Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Toronto, se ofreció a un individuo “académicamente indigno”, después que donó ocho millones de dólares a las escuelas de medicina de la universidad. Una empresa bancaria de EU, que supuestamente hizo grandes donaciones a través de su fundación a al menos 60 universidades, exigió impartir un curso sobre una determinada perspectiva política. Como consecuencia, las universidades en Norte América están desarrollando políticas escritas para evitar la influencia indebida de los donantes.