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Cuatro funcionarios del Departamento de Educación de Cabo Oriental y un empresario se enfrentan a cargos de corrupción, fraude, robo e infracción de la Ley de Gestión de las Finanzas Públicas por 59 millones de rands destinados a libros de texto. Bajo el pretexto de que las escuelas contaban con recursos suficientes para libros de texto, decidieron, sin permiso del Tesoro Nacional, que el 80% del presupuesto se desviara y se utilizara para la adquisición de material de recursos complementarios, principalmente equipos informáticos y fotocopiadoras.

Como resultado del brote del COVID-19, no se pudo proceder con el proyecto para construir una escuela de formación técnica y vocacional de vanguardia, de 866 millones de ZAR (60 millones de dólares) en una de las ciudades más pobres de Africa del Sur. El proyecto fue detenido por el Ministro de Educación Superior, pero el dinero no se ha regresado al Tesoro Nacional ni contabilizado de acuerdo a la Ley de Gestión de las Finanzas Públicas.

Cuatro ex altos funcionarios del Departamento de Educación de Cabo Oriental y un director de una compañía han sido arrestados con cargos de corrupción relacionados a la compra de libros de texto escolares. El funcionario de educación se saltó el proceso de la cadena de suministro del departamento, al obtener un acuerdo de Material de Recursos Suplementarios (SRM) que no se necesitaba. Informes alegan que el funcionario recibió un soborno en forma de dos computadoras portátiles y un teléfono móvil de una compañía que recibió 59 millones de rands por el material SRM.

2,400 estudiantes que escribieron varios módulos en las escuelas de agricultura, medio ambiente y ciencias humanas, han sido acusados de plagio y sus notas fueron retenidas por UNISA. Se emitieron más de 750 cartas de advertencia y siguen pendientes otros 200 casos. Las consecuencias de la trampa pueden resultar en descalificación de futuras pruebas o exámenes, y la exclusión o expulsión de la universidad.