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Una investigación determinó que casi 170 residentes presuntamente cometieron fraude en las subvenciones del Plan de Desarrollo de la Educación Continua, lo que supuso más de 1 millón de MOP. Entre 2016 y 2019, dos miembros del personal suscitaron el interés de los residentes para que solicitaran cursos subvencionados ante la Oficina de Educación y Asuntos de la Juventud para el Plan de Desarrollo de la Educación Continua. El centro informó sobre registros de asistencia falsos y se confabuló con instructores y alumnos para falsificar registros de asistencia, mientras que los alumnos recibían reembolsos en efectivo por valor de la mitad de las subvenciones abonadas o realizaban otros cursos impartidos por el centro en forma gratuita.

Tras la aplicación de la Ley de Organismos Reguladores de la Educación de 2020 (Ley 1023), cualquier institución de enseñanza superior en Ghana, que anuncie o imparta un programa que no está acreditado, se enfrentará a sanciones que incluyen multas de 240,000 GHS (US$41,400). Otra posibilidad es que el vicerrector o el rector de la institución sea encarcelado hasta por 20 años, aunque ambas sanciones pudieran aplicarse.

Los informes muestran que los criminales se aprovechan de los pagos en efectivo realizados por estudiantes de Africa Occidental para pagar matrículas y otros servicios en universidades del Reino Unido. Las universidades privadas y campus extranjeros transfronterizos en Africa, son usadas como inversión y para integrar las ganancias del crimen en la economía legítima. Cuando se paga más de una matrícula, solicitan a la Universidad que devuelva el sobrepago a la cuenta de un tercero, ya sea a la cuenta bancaria del distribuidor de drogas o de un funcionario sobornado.

Un informe reciente destaca los riesgos de la inversión de fondos en el sector educativo del Reino Unido por parte de «élites de Africa Occidental» condenadas por corrupción o cuyos bienes han sido embargados por el RU. Cita ejemplos de políticos que han pagado más de £850,000 (1.17 millones de dólares) por los gastos de escolarización de sus hijos. El 30% de los estudiantes de escuelas privadas tendrían vínculos financieros con “Personas políticamente expuestas”. Según la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, esto representa un mecanismo significativo para los flujos de dinero ilícito.