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La calidad de la educación en Pakistán es sumamente deficiente en comparación con los estándares mundiales. Los niños estudian con los mismos libros que lo hicieron sus padres o tal vez sus abuelos. En Sindh, los estudiantes que no se presentan a los exámenes acaban aprobándolos. En Lahore, en los principales centros de examen situados cerca de la oficina de la junta directiva, el soborno y las trampas son prácticas habituales. Los docentes se ausentan de las clases y se concentran en seguir tejiendo relaciones con personas influyentes. El personal encargado de los exámenes cierra las aulas a quienes se niegan a acatar la rutina.

Muchos solicitantes de empleo intentan asegurarse una plaza haciendo trampas en los exámenes, incluida la compra de hojas de examen, o pagando a otra persona para que haga la prueba en su nombre. La policía detuvo en Udaipur un autobús que se dirigía a un centro de exámenes y en el que viajaban profesores y candidatos. Se descubrió que cuatro profesores de escuelas públicas estaban resolviendo preguntas para al menos 20 candidatos. Se detuvo a 48 personas y el proceso de examen fue cancelado. Desde 2018, al menos 12 campañas de selección han sido canceladas en el estado después de que se filtrara el examen.

La Dirección de Vigilancia y Anticorrupción (DVAC por sus siglas en inglés) acusó formalmente a ocho personas, entre ellas cuatro exempleados de la universidad y cuatro particulares, por delito de conspiración, abuso de confianza, estafa, adulteración y falsificación de cuentas. Al examinar los detalles de matrículas y aranceles de 16.580 estudiantes, los funcionarios de la DVAC descubrieron que el número de serie de un cheque a la vista se utilizaba en repetidas ocasiones para distintos estudiantes.

La Unidad de Integridad de la Educación Superior de la TEQSA ha actualizado una base de datos de 2,333 sitios web de servicios comerciales de engaño académico, incluidos 579 sitios dirigidos específicamente a estudiantes de instituciones de educación superior australianas. Este intercambio de información permitirá a los proveedores bloquear el acceso a estos sitios web desde sus redes institucionales y forma parte de la asociación en curso de la TEQSA con el sector de la educación superior para fortalecer las culturas de integridad académica.

Un informe del Tribunal Superior de Calcuta muestra cómo la Comisión Central de Servicios Escolares de Bengala Occidental (WBSSC) presuntamente hizo un uso indebido de la Ley de Derecho a la Información (RTI) para facilitar contrataciones ilegales. El presidente de la WBSSC había dado instrucciones a los presidentes de las cinco comisiones regionales para que escanearan y almacenaran sus firmas en el servidor de aplicaciones de la WBSSC. Posteriormente, se utilizaron como firmas digitales ilegales para más de 500 cartas de recomendación falsas, supuestamente entregadas en mano a los candidatos que no lo merecían.

La Oficina Central de Investigación presentó un informe contra el antiguo subdirector de la dirección de educación escolar de Bengala Occidental, funcionarios de la Comisión de Servicios Escolares y del Consejo de Educación Secundaria por conspiración criminal, estafa, falsificación con fines de engaño y utilización de un documento o registro electrónico falsificado como auténtico. Se extendieron ventajas indebidas en el nombramiento de candidatos no merecedores de puestos de personal del Grupo D, violando las normas departamentales y utilizando documentos falsos.

La actual pandemia del COVID-19 ha hecho que la enseñanza y la organización de los exámenes en línea sean una tarea difícil en las universidades vietnamitas. Los examinadores han tenido que introducir varios métodos para hacerle frente al aumento de las trampas. Los estudiantes deben asistir a un examen en los sistemas de la universidad con supervisión a través de Zoom, y se les reconocen sus trabajos si están físicamente presentes durante todo el examen. Si se descubren trampas, los profesores tienen derecho a suspender a los estudiantes.

Los servicios de trampas académicas en línea que ofrecen hacer trabajos por menos de 100 dólares australianos se dirigen a los estudiantes internacionales de Australia que realizan cursos de formación profesional en universidades privadas, incluidos los que no requieren asistencia a clase. Según la ley introducida en septiembre de 2020, los proveedores que se encuentren vendiendo o anunciando servicios de engaño por contrato, pueden enfrentarse a hasta dos años de prisión y una multa de hasta 110,000 dólares. Los proveedores de educación superior instan al gobierno federal a ampliar esta legislación al sector de la Formación Profesional.

Tras la rápida transición a la entrega digital que muchas instituciones han tenido que afrontar, ha habido un aumento de los servicios en línea que ayudan a los estudiantes a hacer trampa. Una simple búsqueda en Google del término "ayuda para tareas" arrojó 279 millones de resultados a mediados de junio de 2020 y 302 millones a principios de 2021. En Australia, para ayudar a combatir el problema, el Gobierno ha aprobado una ley que tipifica como delito la prestación o la publicidad de servicios de engaño académico en la enseñanza superior, y ha publicado un conjunto de herramientas de integridad académica

Tras los encierros del Covid-19, hubo múltiples denuncias de mala conducta en las evaluaciones realizadas en línea: plagio, uso de notas, un servicio de intercambio de archivos en línea, uso de teléfonos móviles o colaboración con otros estudiantes. Cinco de las ocho universidades de Nueva Zelanda registraron un aumento de trampa en 2020 comparado con 2019: 258% en la Universidad de Canterbury, 104% en la Universidad de Lincoln, 61% en la Universidad de Waikato, 21% en la Universidad de Victoria y 10% en la Universidad de Massey.