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Cinco profesores de la Universidad Hassan I de Settat (Marruecos) están siendo investigados, después que se filtraran conversaciones en las redes sociales, en las que supuestamente hablaban de la "sextorsión" de alumnas para obtener créditos extra. La comunidad académica pidió un módulo de ética empresarial en los programas de formación del personal universitario para asegurar la sensibilización de las consecuencias negativas de abusar de los estudiantes.

Según una encuesta realizada por Transparencia Internacional Madagascar, el 84% de los estudiantes son víctimas de la corrupción sexual. El modus operandi más común es primero atraer a un estudiante y luego ofrecerle una buena calificación a cambio de un favor sexual. La Confederación de Sindicatos de Profesores ha denunciado la existencia de una red de protección de profesores culpables en el Ministerio de Educación Superior.

Un documento sobre la Universidad de Lagos (UNILAG) realizado por el Panel de Visita Presidencial, que investiga asuntos de la UNILAG entre 2016 y 2020, ha revelado que dos de los estados de la Federación de Nigeria, específicamente Lagos y Ogún, perdieron 2.9 billones de NGN (7 millones de dólares), por deducciones brutas del salario de sus empleados durante cinco años por parte de la institución. Los siete miembros del panel detectaron casos de fraccionamiento de contratos y adjudicaciones frívolas

La Universidad de Energía y Recursos Naturales de Ghana y la Universidad de Ruanda han sido las únicas universidades proporcionando informes que incluyen información como la estructura de la universidad, número y calificaciones de personal académico y auxiliar, número total de matrículas, y número de graduados. Estos informes son un ejemplo a seguir por las universidades y un medio para fomentar la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas, entre los profesores, personal, estudiantes y comunidades.

El sindicato de personal de las universidades de Kenia (KUSU), protestó por el despido del jefe de finanzas de la Universidad de Maasai Mara, que fue uno de los que denunciaron la malversación de 190 millones de KES (1.8 millones de dólares). KUSU también pidió la disolución de todo el Consejo Universitario de Maasai Mara por parte del Ministerio de Educación y la destitución del vicerrector en funciones por ocultar los hechos.

Tras la aplicación de la Ley de Organismos Reguladores de la Educación de 2020 (Ley 1023), cualquier institución de enseñanza superior en Ghana, que anuncie o imparta un programa que no está acreditado, se enfrentará a sanciones que incluyen multas de 240,000 GHS (US$41,400). Otra posibilidad es que el vicerrector o el rector de la institución sea encarcelado hasta por 20 años, aunque ambas sanciones pudieran aplicarse.

Cuatro ex altos funcionarios del Departamento de Educación de Cabo Oriental y un director de una compañía han sido arrestados con cargos de corrupción relacionados a la compra de libros de texto escolares. El funcionario de educación se saltó el proceso de la cadena de suministro del departamento, al obtener un acuerdo de Material de Recursos Suplementarios (SRM) que no se necesitaba. Informes alegan que el funcionario recibió un soborno en forma de dos computadoras portátiles y un teléfono móvil de una compañía que recibió 59 millones de rands por el material SRM.

Los informes muestran que los criminales se aprovechan de los pagos en efectivo realizados por estudiantes de Africa Occidental para pagar matrículas y otros servicios en universidades del Reino Unido. Las universidades privadas y campus extranjeros transfronterizos en Africa, son usadas como inversión y para integrar las ganancias del crimen en la economía legítima. Cuando se paga más de una matrícula, solicitan a la Universidad que devuelva el sobrepago a la cuenta de un tercero, ya sea a la cuenta bancaria del distribuidor de drogas o de un funcionario sobornado.

Un estudio reciente advierte a formuladores de políticas en países en desarrollo sobre la mala calidad de la evaluación de la investigación. Los resultados muestran la infiltración de revistas sospechosas de prácticas depredadoras en la base de datos Scopus. Fueron identificados 324 revistas y 164,000 artículos publicados desde 2015-17. Como resultado, el Consejo Asesor y Selección de Contenidos de Scopus eliminó las revistas de bajo rendimiento.

Un ex Secretario Ejecutivo de la Junta de Becas del Estado de Lagos ha sido acusado de 8 cargos de conversión delictiva de N127 millones, pertenecientes a la Junta de Becas. El informe de la Comisión de Crímenes Económicos y Financieros, reveló que los fondos destinados al pago de las becas de los estudiantes, bienestar del personal y renovaciones de las oficinas había sido utilizado para propósitos personales.