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Un profesor de la Universidad de Fort Hare se enfrenta a acusaciones por no haber resuelto el tema del plagio en las tesis de nueve estudiantes de posgrado bajo su supervisión. Un informe confidencial revela que sabía del plagio, pero sólo aconsejó a los estudiantes a que lo "disimularan". Esto ha suscitado inquietudes sobre el compromiso de la Universidad con las normas académicas y ha engendrado dudas sobre la calidad de la supervisión. A pesar de los resultados, el profesor sigue trabajando, lo que lleva a debate.

En el libro Corruption in Higher Education: Global Challenges and Responses, treinta y cuatro expertos arrojan luz sobre diversos problemas de corrupción en la enseñanza superior: trampas en los contratos y subcontratación de tareas; procesos de contratación ambivalentes; universidades falsas que adoptan diversas formas, desde planes con ánimo de lucro hasta estudiantes que compran títulos sin cumplir sus obligaciones; la investigación de la corrupción implica a académicos, administradores y organismos, unidos contra la corrupción académica. Algunos de los próximos pasos son: desarrollar una teoría de la integridad, analizar el impacto de la educación secundaria, impulsar la tecnología, evitar la estigmatización de los grupos sociales y fomentar la cooperación mundial.

La corrupción y la impunidad en el sistema universitario nigeriano tuvieron una repercusión negativa en la gobernanza de las instituciones terciarias federales y en la calidad de la educación que reciben los estudiantes. En un informe reciente, el Proyecto de Rendición de Cuentas y Derechos Socioeconómicos (SERAP) afirmaba que variadas acusaciones de corrupción en las universidades federales -que van desde la concesión injusta de títulos, la inflación de los contratos y los recortes salariales del personal, hasta la contratación de personal no cualificado y el acoso sexual- están ya muy extendidas, y el estado de la mayoría de las estructuras que albergan las distintas facultades y departamentos de estas instituciones es deficiente.

Catorce miembros del personal académico y administrativo de la Universidad Oficial de Bukavu (Congo) han sido despedidos después de que una auditoría interna revelara que poseían certificados y títulos académicos falsificados. El ex rector ha sido acusado de nepotismo, tras contratar a varios miembros de su familia sobre la base de vínculos familiares, violando al mismo tiempo los procesos normales de contratación.

La figura central de la estafa en la que padres con alto poder adquisitivo pagaban enormes sumas para hacer trampas en los exámenes estandarizados, ha sido condenada a tres años y medio de prisión federal. El cerebro de la estafa conocida como Operación Varsity Blues se declaró culpable de asociación ilícita, blanqueo de capitales, y conspiración para cometer fraude contra los Estados Unidos y fraude en el extranjero.

Un nuevo informe de la Comisión de Servicios Educativos (CES) ha revelado que, desde 2003, 1.000 profesores fantasma figuran en la nómina del Estado. Más de 600 "docentes fantasma" de varios centros de enseñanza secundaria y superior accedieron a la nómina con cartas de nombramiento falsas firmadas por funcionarios, mientras que 400 docentes carecían de licencia para ejercer. Según el informe, en unos pocos centros los docentes nombrados no impartían clase, sino que subcontrataban a docentes particulares para desempeñar sus funciones.

Una investigación determinó que casi 170 residentes presuntamente cometieron fraude en las subvenciones del Plan de Desarrollo de la Educación Continua, lo que supuso más de 1 millón de MOP. Entre 2016 y 2019, dos miembros del personal suscitaron el interés de los residentes para que solicitaran cursos subvencionados ante la Oficina de Educación y Asuntos de la Juventud para el Plan de Desarrollo de la Educación Continua. El centro informó sobre registros de asistencia falsos y se confabuló con instructores y alumnos para falsificar registros de asistencia, mientras que los alumnos recibían reembolsos en efectivo por valor de la mitad de las subvenciones abonadas o realizaban otros cursos impartidos por el centro en forma gratuita.

La Dirección de Vigilancia y Anticorrupción (DVAC por sus siglas en inglés) acusó formalmente a ocho personas, entre ellas cuatro exempleados de la universidad y cuatro particulares, por delito de conspiración, abuso de confianza, estafa, adulteración y falsificación de cuentas. Al examinar los detalles de matrículas y aranceles de 16.580 estudiantes, los funcionarios de la DVAC descubrieron que el número de serie de un cheque a la vista se utilizaba en repetidas ocasiones para distintos estudiantes.

La Comisión de Ética y Lucha contra la Corrupción (EACC) está investigando decenas de casos que implican a políticos, funcionarios estatales y públicos en relación con la falsificación de títulos, la asignación ilegal de recursos, el empleo irregular y la aprobación de presuntos proyectos de ley pendientes. Según el director general de la EACC, se recuperará el dinero y los bienes de los políticos que utilizaron certificados académicos falsos para obtener cargos electivos, incluso de los que se jubilaron.

El Tribunal Superior del Estado de Gombe condenó a un director de escuela secundaria jubilado a dos años de prisión, por fraude y gestión de instituciones ilegales. Entre 2009 y 2015, estafó a los candidatos por más de 3,8 millones de euros, con el pretexto de ofrecerles la admisión en sus tres instituciones superiores ilegales.