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Los estudiantes de los departamentos de Informática, Arte e Inglés, instigaron un boicot de clases en contra de la falta de instalaciones y denunciaron abusos de poder. Afirmaron que la administración de la universidad había desviado fondos que supuestamente habían sido asignados para servicios estudiantiles. Apelaron al Gobernador de Sindh, Jefe de Justicia de la Oficina Nacional de Rendición de Cuentas y al ministro principal para tomar cartas en el asunto y ayudarlos para la concesión de las instalaciones requeridas.

Un grupo defensor de anticorrupción, el Proyecto de Rendición de Cuentas y Derechos Socioeconómicos (SERAP), ha demandado al gobernador del estado de Delta, por los escasos recursos financieros de la educación primaria de su estado. Su administración ha recibido N7.8bn de parte de la Comisión de la Educación Básica Universal, aparte de otros fondos del Gobierno Federal. Cerca de 1,124 escuelas primarias en todo el estado son un desastre, con instalaciones de enseñanza en pésimas condiciones. Además, SERAP señaló el caso de un estudiante que fue enviado a su casa porque sus padres no podían pagar la cuota escolar ilegal de N900.

Desde 2009, la educación y la salud han sufrido recortes y múltiples escándalos de corrupción. Durante la década pasada, gastos en la educación y cultura han bajado del presupuesto del gobierno central del 32.9% al 19.9%. Los estudiantes no tienen bibliotecas, no tienen clases de computación, y solicitudes para financiar y cambiar el techo de una escuela de primaria de San Pedro Sula, porque tenía asbestos, habían sido negadas por autoridades locales y centrales. «Los maestros y padres de familia reunieron $1,500, haciendo eventos para recaudar los fondos, y se pararon en los semáforos pidiendo dinero para poder pagar por las reparaciones», dijo una maestra de primaria.

Los estándares de educación en las escuelas de post-primaria en Nigeria han desmejorado considerablemente. El deterioro, insalubridad y ambientes de enseñanza pestilentes, la falta de materiales requeridas para enseñar y la baja moral del personal docente están entre los factores responsables por el estado crítico de las escuelas unificadas. También hay denuncias de mal manejo de fondos por los administradores y otros funcionarios de las escuelas unificadas.

Políticos, funcionarios de educación de alto nivel, directores, y empresarios se están aprovechando de sus posiciones para alinear sus bolsillos con los fondos del estado. Según un estudio, los actos de corrupción en Tailandia abarcan desde estafar los fondos del estado, confabular para subir los precios de materiales educativos y de construcción escolar, así como, demandar sobornos de los padres que quieran que sus hijos sean inscritos en una escuela en particular. Entre funcionarios irresponsables y directores de las escuelas se roban casi el 30% del presupuesto total.

El Partido de Bharatiya Janata (BJP) intensificó una ofensiva en contra del gobierno de Delhi y el actual Partido Aam Aadmi (AAP) en poder, por la corrupción en la construcción de aulas escolares. A las 1,033 escuelas bajo el gobierno de Delhi, se les otorgaron el 23.51% del presupuesto, mientras que, a las 743 escuelas de la Corporación Municipal del Norte de Delhi, se les asignó el 1.46 por ciento del presupuesto. El AAP incrementó el costo de los proyectos para beneficio de los que gozan de favoritismo.

El Secretario de Educación Secundaria, instó a todos los funcionarios Educativos Distritales a identificar a los maestros fantasmas de sus distritos. Les ordenó que enviaran detalles de todas las escuelas cerradas e inactivas. También deben informar a las respectivas empresas constructoras sobre la finalización de los planes del Programa de Desarrollo del Sector Público, solo después de visitas a las escuelas y de una completa satisfacción. Aquellos que descuiden sus funciones deberán responder por sus actos.

El FBI anunció que la ex Secretaria de Educación, ha sido acusada de haber usado su puesto para dar a una compañía, 1,034 pies cuadrados que le pertenecían a una escuela, a cambio de beneficios financieros. Si se le encuentra culpable, podría enfrentar hasta 10 años de cárcel por conspiración y soborno y hasta 20 años por fraude electrónico.

Un número de altos funcionarios del Cabo Oriental han sido acusados de corrupción en relación a un programa de nutrición escolar de la provincia por R1 billón; otro caso involucra irregularidades relacionadas al suministro de infraestructuras escolares o denuncias de corrupción en el Departamento de Educación de Limpopo, por el otorgamiento de un contrato a EduSolutions. El contrato para la adquisición de libros de texto escolares en la provincia fue cancelado en 2012, después de haberse pagado millones a EduSolutions.