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Académicos nigerianos argumentan que la Junta de Admisiones y Matriculas (JAMB); la única agencia autorizada por la ley para llevar a cabo los exámenes de admisión en todas las instituciones terciarias del país; necesita ser descentralizada y modernizada, para que pueda tener alguna esperanza de hacerle frente a la desenfrenada corrupción que está siendo descubierta dentro del organismo. JAMB ha llamado la atención de los medios durante las pasadas semanas, debido a audiencias públicas de varios casos de corrupción, particularmente en relación a la venta de tarjetas oficiales de raspado, y la expedición de tarjetas de identidad biométricas utilizadas por JAMB para registrar en línea a todos los candidatos de los exámenes.

El vicerrector de la Universidad de Zimbabue fue arrestado por presuntamente otorgarle deshonestamente a la ex primera dama un diploma de doctorado en filosofía en el 2014. Otro profesor de la misma universidad, quien supervisaba el trabajo de la ex primera dama, también se encuentra bajo investigación. Desde el 2014, han habido denuncias que el diploma era falso, pero no se tomó ninguna medida mientras su esposo estaba en el poder; sino que fue hasta noviembre cuando él fue obligado a renunciar como Presidente de Zimbabue.

Un reporte nuevo realizado por el Proyecto de Derechos Socio-Económicos y Rendición de Cuentas (SERAP), ha revelado que muchas de las denuncias de corrupción en universidades federales no han sido ni investigadas a fondo ni castigadas. El reporte se titula: “Robando el futuro: Cómo universidades federales de Nigeria han sido destruidas por la corrupción,” manifestó: “La impunidad para la corrupción en el sistema universitario ha afectado negativamente la gobernanza de universidades federales y la calidad de la educación recibida por los estudiantes.”

Esta mañana la Ministra de Educación hizo su primera aparición ante el Tribunal de Justicia de Windhoek, en el caso donde enfrenta cargos de corrupción. Será procesada bajo acusaciones de que corruptamente usó su oficina como gobernadora de Hardap en diciembre 2014, para colocar a dos de sus familiares en la lista de beneficiarios del programa urbanización masiva en Mariental.

Un juzgado de Harare ha declarado que el vice-canciller de la Universidad de Zimbabue debe responder por qué le otorgó “corruptamente” un diploma de doctorado a la ex primera dama en 2014. El fallo llega en un momento cuando el Ministerio de Educación Superior y Terciaria, Ciencias y Desarrollo de Tecnología ha presentado una denuncia ante del Fiscal General, diciendo que no tiene nada que ver con el caso ya que considera que es un asunto académico que debe ser resuelto por el senado o consejo universitario.

Dos maestros han sido arrestados después de trabajar en la escuela de secundaria de Seme por ocho y dos años respectivamente. Obtuvieron sus puestos de trabajo utilizando cualificaciones falsas. Se ha dicho que el Departamento de Educación de Mpumalanga ha sufrido una pérdida combinada de más de R2.4m. Aparentemente, el departamento comenzó a sospechar sobre sus calificaciones en 2017 y se les pidió que las volvieran a presentar. Los dos regresarán al Tribunal Regional de Volkrust el 6 de febrero.

Un grupo defensor de anticorrupción, el Proyecto de Rendición de Cuentas y Derechos Socioeconómicos (SERAP), ha demandado al gobernador del estado de Delta, por los escasos recursos financieros de la educación primaria de su estado. Su administración ha recibido N7.8bn de parte de la Comisión de la Educación Básica Universal, aparte de otros fondos del Gobierno Federal. Cerca de 1,124 escuelas primarias en todo el estado son un desastre, con instalaciones de enseñanza en pésimas condiciones. Además, SERAP señaló el caso de un estudiante que fue enviado a su casa porque sus padres no podían pagar la cuota escolar ilegal de N900.

Tres maestros fueron puestos en prisión por conspiración y mala práctica en exámenes. Ellos desobedecieron el código de conducta de la Junta de Exámenes de Uganda, revelando contenido de los exámenes de culminación de primaria y vendiéndolos a diferentes escuelas de los distritos de Buyende y Kamuli.

El director de la escuela de secundaria de Mbarara y su tesorero están siendo acusados con tres cargos de fraude, causando pérdidas financieras y abuso de oficina. Los dos se presentaron ante la corte de Anticorrupción en Kampala y fueron acusados de malversación de fondos escolares por Shs 207 millones.

El Sindicato de Personal Académico Universitario de Kenia (UASU) ha amenazado con ir a la corte si el Ministerio de Educación no toma acción inmediata ante las instituciones de educación superior del país, que han sido reportadas por ilegalmente hacer descuentos de los salarios de sus empleados sin remitir las deducciones a las instituciones pertinentes. El mes pasado, el Ministerio de Educación dio a conocer un informe de auditoría mostrando que algunas universidades públicas del país estaban descontando billones de chelines de los salarios de sus empleados y no reportaban el dinero regularmente a las instituciones correspondientes. El total de los descuentos salariales ilegales es aproximadamente de US$100 millones.