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Como resultado del brote del COVID-19, no se pudo proceder con el proyecto para construir una escuela de formación técnica y vocacional de vanguardia, de 866 millones de ZAR (60 millones de dólares) en una de las ciudades más pobres de Africa del Sur. El proyecto fue detenido por el Ministro de Educación Superior, pero el dinero no se ha regresado al Tesoro Nacional ni contabilizado de acuerdo a la Ley de Gestión de las Finanzas Públicas.

La Universidad de Stellenbosch experimentó un aumento inusual de mala conducta académica entre los estudiantes, debido a las evaluaciones en línea durante la crisis del COVID. En 2020, 183 estudiantes fueron acusados de colusión, donde uno o más estudiantes ayudaron a otros durante las evaluaciones en línea, comparado con solo 2 estudiantes en 2019.  

2,400 estudiantes que escribieron varios módulos en las escuelas de agricultura, medio ambiente y ciencias humanas, han sido acusados de plagio y sus notas fueron retenidas por UNISA. Se emitieron más de 750 cartas de advertencia y siguen pendientes otros 200 casos. Las consecuencias de la trampa pueden resultar en descalificación de futuras pruebas o exámenes, y la exclusión o expulsión de la universidad.

Según la Ley del Marco Nacional de Cualificaciones de Sudáfrica (SA), la afirmación falsa o fraudulenta de un título de educación superior es un delito penal sujeto a una pena de prisión o una multa. Presumir de tener un doctorado u otro título en LinkedIn o en la biografía de Twitter, puede ser suficiente para meterse en serios problemas. Según la nueva ley, los operadores de instituciones falsas, también se enfrentarán a penas de cárcel de hasta cinco años si afirman estar registrados como instituciones educativas en Sudáfrica o en el extranjero.