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La corrupción académica vinculada a la pandemia del COVID-19, resalta la urgencia de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en universidades africanas. Dicha corrupción incluye la mala práctica en investigaciones, gestión de investigaciones cuestionables, mal manejo de fondos de investigación y fraude en la contratación. Varios funcionarios universitarios ignoraron procedimientos de contratación para la adquisición de materiales y equipos para investigaciones sobre el coronavirus. Se identificaron 33 documentos como inadecuados para uso público y se retractaron, retiraron o se observaron con preocupación

Según Transparencia Internacional, 66 % del dinero del gobierno de Nigeria es asignado a la educación y robado por funcionarios corruptos. La mala asignación de recursos, adquisiciones corruptas, intercambio de sexo por notas, malas prácticas en exámenes, calificaciones falsas, absentismo docente, y prácticas de contratación corrupta, son algunos de los ejemplos de los desafíos con los que se enfrenta el sistema educativo. Esto afecta la calidad de la educación, inclusión y resultados de aprendizaje, con consecuencias devastadoras para el crecimiento económico nacional.

Las universidades de Kenia han sido ordenadas a publicar regularmente reportes de su desempeño financiero; como parte de las medidas radicales que entrarán en vigencia este año. El objetivo es levantar el velo de secretismo que ha encubierto al estatus financiero de las universidades y que ponen efectivamente millones de dólares en riesgo. Actualmente, la publicación del desempeño financiero de universidades públicas toma hasta cuatro años; una situación en donde se ha visto que lleva a muchas instituciones a tener problemas financieros. Adicionalmente, las universidades privadas del país, jamás han dado a conocer sus finanzas, a pesar de que anualmente manejan millones de dólares en fondos estudiantiles.

Según un informe confidencial, las universidades de Kenia están enfrentando serios retos administrativos resultando en fallas en las admisiones, personal inadecuado, y bajos estándares en la administración de exámenes, supervisión e investigación. El informe también demuestra que algunas instituciones hacen recortes para incrementar admisiones con el fin de cubrir lagunas presupuestarias, permitiendo que estudiantes se gradúen en meses, o admitiendo estudiantes a programas que no están acreditados, y luego les permiten graduarse de los mismos. Después de regresar sus reportes con correcciones precisas, las instituciones tendrán 30 días para presentar las medidas correctivas.