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El martes, funcionarios gubernamentales de alto rango, asistieron a una ostentosa ceremonia celebrada por el presidente, donde ordenó que a 954 maestros que se les había identificado dando clases en 1081 escuelas de todo el país, se les otorgaran una posición permanente en el Ministerio a partir de ese día. A principios de octubre, se encontró que, de 6,448 posiciones, 1,626 eran “empleados fantasmas” de SCSC (Comisión de Servicio Civil de Somalia). De ellos, 954 se incluían en las nóminas del Ministerio de Educación; un número que no existía físicamente, pero sus salarios se retiraban fraudulentamente. Ni el gobierno, ni la SCSC acusaron oficialmente a nadie por el importante robo de fondos públicos.

Funcionarios de la Oficina Nacional de Rendición de Cuentas (NAB) han comenzado a recolectar pruebas sobre la presunta corrupción y malversación financiera de al menos Rs 4 billones del Programa de Reforma de Educación del Primer Ministro. El PM anterior había otorgado al menos Rs 4 billones para mejorar las condiciones de 423 instituciones federales de educación pública, bajo la jurisdicción de la División de Desarrollo y Administración Capital (CADD) a través del Programa de Reforma de Educación del PM. Ha habido corrupción y malversación en fondos asignados para trabajos de pintura, compra de muebles, y proyectos de construcción y remodelación.

El miércoles, la Comisión Nacional para Educación Cívica (NCCE) hizo un llamado a una importante transformación hacia la lucha contra la corrupción, diciendo que la soga alrededor de la corrupción debe de apretarse a través de acciones prácticas. “De modo que, la Comisión está aumentando la lucha contra la corrupción por medio de una incesante intensiva educación pública y cívica para cambiar nuestra actitud, inyectar responsabilidad personal y pública en todo el país para ayudar a promover buena gobernanza.

Dos personas están en problemas después que presuntamente estafaron cerca de R6 millones del Departamento de Educación de Mpulamanga. El jueves, ambos se presentaron ante la Corte Regional de Nelspruit, por su presunta involucración en el plan ficticio de alimentación escolar. Los “Hawks” (Oficina de crimen organizado) dijeron que, en 2011, los acusados entregaron varias facturas falsas al Departamento de Educación por servicios que nunca fueron prestados. Un empleado del Departamento de Salud supuestamente contrató a dueños de varias compañías para que presentaran dichas facturas. El dinero supuestamente se depositó a las diferentes cuentas individuales y corporativas y posteriormente fue retirado y compartido entre el sindicato.

El oponente del auditor de Ohio en la carrera de la procuraduría general del estado, dijo que se deberían de haber referido inmediatamente a las autoridades, las denuncias del informante de que la escuela a distancia más grande de esa época, intencionalmente infló las figuras de asistencia. Anteriormente, el Departamento de Educación encontró que la escuela había aumentado significativamente el número equivalente a estudiantes de tiempo completo y debía al estado $60 millones por el año escolar 2015-2016. Se estimaron otros $19 millones de multas para el año 2016-2017.

Esta mañana la Ministra de Educación hizo su primera aparición ante el Tribunal de Justicia de Windhoek, en el caso donde enfrenta cargos de corrupción. Será procesada bajo acusaciones de que corruptamente usó su oficina como gobernadora de Hardap en diciembre 2014, para colocar a dos de sus familiares en la lista de beneficiarios del programa urbanización masiva en Mariental.

Mientras otro año académico comienza en Afganistán, el país continúa enfrentando inseguridad, una epidemia de corrupción dentro del sistema educativo y viejas costumbres que mantienen a estudiantes y maestros calificados lejos de las aulas. La violencia y la corrupción son problemas difíciles de resolver solo a nivel comunitario. El aumento de la violencia obligó el cierre de más de 1000 escuelas desde 2016 y según un informe elaborado por el supervisor de corrupción independiente del país, la corrupción está teniendo efectos “devastadores” en el sistema educativo y en el país.

Antes de cada año escolar, el Ministerio de Educación, publica un listado de libros de texto aprobados, de los cuales los maestros seleccionan los que utilizarán en sus clases. Para el año escolar del 2017-2018, el listado es de 30 páginas. Hay mucho dinero por hacer en los libros de texto, explica una editorial que prefiere mantener su anonimato. “Conseguir un puesto en el listado es algo sagrado y todo se vale. Imagínense! Es un mercado inmenso, más de 5 millones de estudiantes! Todos quieren un pedazo del pastel: autores, editoriales, imprentas o distribuidoras, incluso si los métodos que utilizan no sean siempre legales.”