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Corruptos haciéndose pasar por oficiales de educación están al acecho, estafando a maestros que enfrentan cargos disciplinarios; prometiéndoles ayuda con sus casos. Los corruptos están trabajando junto con algunos oficiales inescrupulosos que pertenecen al Ministerio de Educación de Primaria y Secundaria. Demandan pagos entre $150 y $500 USD para asistirles en sus inminentes casos disciplinarios. El Presidente del Sindicato Progresivo de Maestros de Zimbabue, confirmó el comportamiento deshonesto de dichos oficiales.

El miércoles, la policía de Zimbabue arrestó al Ministro de Educación Superior, Ciencias y Tecnología y a su delegado por presuntamente desviar alrededor de US$450,000 de un fondo de desarrollo de recursos humanos destinado a financiar a estudiantes, entre otras actividades. Los políticos fueron interrogados y puestos en libertad. Días antes de su arresto, el ministro publicó un comunicado negando cualquier mala conducta. El ministro fue catedrático de política en la Universidad de Zimbabue e Investigador en la Universidad de Witwatersrand de Sur Africa, donde fue acusado de estafar fondos de investigación.

El Ministro de Educación Superior, Ciencias y Tecnología de Zimbabue está enfrentando una investigación sobre un supuesto desvío de US$450,000 que serían destinados para estudiantes, en un acontecimiento que ahora ha dejado a dichos estudiantes, llamándolo para que regrese el dinero y que renuncie a su cargo. De acuerdo a un reporte de cargos preparado por la comisión de anti-corrupción, el ministro es acusado de haber utilizado parte del dinero para financiar a sus secuaces en su electorado como parte de una licitación para volver a ganar su puesto en las elecciones generales del 2018. Su diputado, ha sido acusado de formar una compañía que se benefició de los fondos estudiantiles porque las universidades debían comprarle a él directamente los equipos.

Un asistente de recursos humanos del Ministerio de Educación está en juicio después que fraudulentamente contrató a 31 maestros no calificados. Se le acusa de “Abuso criminal de autoridad”. Según los fiscales, entre octubre del año pasado y febrero del presente año, confabuló con ocho cómplices, quienes ya se presentaron ante la corte, y planearon tergiversar a sus empleadores convirtiendo contratos a “condiciones indefinidas de servicio” para maestros, que de lo contrario no hubieran cumplido con los requisitos.