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Tras la aplicación de la Ley de Organismos Reguladores de la Educación de 2020 (Ley 1023), cualquier institución de enseñanza superior en Ghana, que anuncie o imparta un programa que no está acreditado, se enfrentará a sanciones que incluyen multas de 240,000 GHS (US$41,400). Otra posibilidad es que el vicerrector o el rector de la institución sea encarcelado hasta por 20 años, aunque ambas sanciones pudieran aplicarse.

Según la Ley del Marco Nacional de Cualificaciones de Sudáfrica (SA), la afirmación falsa o fraudulenta de un título de educación superior es un delito penal sujeto a una pena de prisión o una multa. Presumir de tener un doctorado u otro título en LinkedIn o en la biografía de Twitter, puede ser suficiente para meterse en serios problemas. Según la nueva ley, los operadores de instituciones falsas, también se enfrentarán a penas de cárcel de hasta cinco años si afirman estar registrados como instituciones educativas en Sudáfrica o en el extranjero.