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La Comisión de Ética y Lucha contra la Corrupción (EACC) está investigando decenas de casos que implican a políticos, funcionarios estatales y públicos en relación con la falsificación de títulos, la asignación ilegal de recursos, el empleo irregular y la aprobación de presuntos proyectos de ley pendientes. Según el director general de la EACC, se recuperará el dinero y los bienes de los políticos que utilizaron certificados académicos falsos para obtener cargos electivos, incluso de los que se jubilaron.

Seis vicerrectores de Cambridge, Exeter y UCL han firmado un compromiso que obliga a las universidades a dejar de utilizar acuerdos de confidencialidad legalmente vinculantes contra los estudiantes y el personal que denuncien acoso sexual. El ministro de Educación Superior declaró que las universidades deben poner fin al uso de los acuerdos de confidencialidad que "compran el silencio de las víctimas" en los casos de mala conducta sexual.

Son necesarias reformas para aumentar la transparencia en la gestión de las universidades privadas, que absorben el 80% de los estudiantes universitarios del país. La propuesta de reforma del Ministerio de Educación, que está pendiente de deliberación, reforzaría los poderes del patronato responsable de las decisiones clave de la gestión universitaria y que, según las propuestas del gobierno, estará compuesto únicamente por personas ajenas a la universidad. Se trata de un cambio importante respecto al papel actual del patronato, que facilita el encubrimiento de las malas prácticas

El sindicato de personal de las universidades de Kenia (KUSU), protestó por el despido del jefe de finanzas de la Universidad de Maasai Mara, que fue uno de los que denunciaron la malversación de 190 millones de KES (1.8 millones de dólares). KUSU también pidió la disolución de todo el Consejo Universitario de Maasai Mara por parte del Ministerio de Educación y la destitución del vicerrector en funciones por ocultar los hechos.

Según la Ley del Marco Nacional de Cualificaciones de Sudáfrica (SA), la afirmación falsa o fraudulenta de un título de educación superior es un delito penal sujeto a una pena de prisión o una multa. Presumir de tener un doctorado u otro título en LinkedIn o en la biografía de Twitter, puede ser suficiente para meterse en serios problemas. Según la nueva ley, los operadores de instituciones falsas, también se enfrentarán a penas de cárcel de hasta cinco años si afirman estar registrados como instituciones educativas en Sudáfrica o en el extranjero.

National Integrity Action Jamaica analiza la necesidad de la participación de los jóvenes en la lucha contra la corrupción. Los jóvenes poseen perspectivas únicas que pueden arrojar luz sobre los problemas con soluciones innovadoras y nuevas. Además, los jóvenes también pueden romper esa continuidad de la corrupción.

Un juzgado de Harare ha declarado que el vice-canciller de la Universidad de Zimbabue debe responder por qué le otorgó “corruptamente” un diploma de doctorado a la ex primera dama en 2014. El fallo llega en un momento cuando el Ministerio de Educación Superior y Terciaria, Ciencias y Desarrollo de Tecnología ha presentado una denuncia ante del Fiscal General, diciendo que no tiene nada que ver con el caso ya que considera que es un asunto académico que debe ser resuelto por el senado o consejo universitario.