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El hospital universitario de la Universidad McGill ha emitido un escueto comunicado que confirma que doce oficiales de la Unidad Permanente de Anticorrupción de Quebec registraron sus oficinas como parte de una amplia investigación sobre corrupción en la industria de la construcción de la provincia.

El gobierno federal quiere endurecer las normas que regulan los visados de estudiante con la esperanza de tomar medidas enérgicas contra el fraude y el contrabando de personas, a pesar de que aún no está del todo clara la magnitud del problema. Existe una propuesta para detener a aquellos estudiantes internacionales que llegan con un visado de estudiante con la intención de acceder al mercado laboral de Canadá y que al final no se inscriben en ninguna escuela. También existe la preocupación de que algunos están terminando en instituciones inferiores que, en última instancia, perjudican la credibilidad de Canadá en la escena internacional.

El anterior presidente de la Comisión Nacional de Acreditación de Chile (CNA) y dos antiguos rectores universitarios han sido enviados a prisión bajo acusación de soborno y blanqueo de dinero. Pasarán al menos seis meses en prisión, que es la duración que la Fiscalía ha dicho durarán las investigaciones de los cargos.

La Cámara de los Diputados del gobierno de Chile ha rechazado los hallazgos de un informe que ha investigado las alegaciones de especulación educativa de siete universidades privadas. Líderes de la comunidad estudiantil y políticos de la oposición criticaron esta resolución, reivindicando que el gobierno no debe ignorar la especulación educativa ilegal que está ocurriendo en Chile.

Tras siete meses de investigación, se ha descubierto que un buen número de universidades de Chile se encuentran operando de manera ilegal como negocios con fines lucrativos. Entre los descubrimientos realizados por este informe dirigido por un comité especial de investigación se encuentran los siguientes: ocho universidades violaron las leyes existentes que van en contra de la especulación, suben los sueldos de los ejecutivos, circulación de fondos entre empresas bajo una misma propiedad privada y que la externalización de servicios es un medio para generar ingresos.

Se considera la posibilidad de implementar nuevas leyes que pongan freno a los alumnos que copian en los exámenes universitarios de China ya que los problemas relacionados con el plagio, falsificaciones, mentiras en cuanto a credenciales y trabajos de investigación así como otras malas conductas siguen fuera de control en la educación superior. Algunos expertos han declarado que las campañas anticorrupción lideradas por el gobierno son algo común en tiempos de descontento popular, para así apaciguar a los ciudadanos.

Estudiantes y académicos provenientes de China, Taiwán y Hong Kong que están investigando las condiciones de trabajo de estudiantes en prácticas en China han declarado que una investigación con el visto bueno oficial acerca de las condiciones laborales en las fábricas de Foxconn, que producen iPads para Apple, no contaba toda la verdad en cuanto a la extensión del abuso que existe en el sistema de trabajo en prácticas.

Esfuerzos anticorrupción no son bajo ningún concepto algo nuevo en Indonesia. Muy al contrario, desde los años 50 la corrupción ha sido generalmente investigada y perseguida, al mismo tiempo que se han pasado por alto métodos preventivos. Una nueva colaboración en la que se encuentran implicadas más de 100 universidades a lo largo del archipiélago desea cambiar esto.

Aquellas universidades extranjeras que ofrezcan grados universitarios en Kenia sin acreditación serán multadas con una cantidad de al menos 10 millones de chelines kenianos y sus promotores serán enviados a tres años de prisión bajo el amparo de una nueva ley dirigida a salvaguardar los estándares educacionales. La Comisión para la Educación Universitaria (CUE por sus siglas en inglés) reemplazará a la Comisión de la Educación Superior en la supervisión del nivel educativo de la universidad.

Kenia ha hecho pública una nueva normativa y ha advertido a más de 200 instituciones acerca de las medidas enérgicas que se van a tomar contra 21 gestores que se enfrentan a cargos penales por operar escuelas universitarias ilegales, habiendo ya cerrado 63 de ellas a lo largo del último año. Dicha acción sigue los pasos de los planes del gobierno para financiar a las instituciones en un sector tan clave como es el de la educación, para ayudarles a hacer frente a la alta demanda de universitarios bien capacitados.