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El presidente de la Universidad Marítima del Caribe (CMU) junto con el Ministro de Educación están siendo investigados por asuntos de corrupción. Durante la pasada sesión del Comité de Apreciación y Administración Pública (PAAC), el presidente de la CMU admitió que se pagaron más de $600,000, para un yate de entretenimiento para el ministro de educación. Según los documentos, la Universidad basada en el este de Kingston, pagó a dos compañías un total de $674,930 para arrendar y decorar el yate.

La formación profesional 3aaa, financiada por el gobierno fue sometida bajo administración inmediata, dejando 4,500 aprendizajes en riesgo, después que el Departamento de Educación habría retirado su financiación de la compañía siguiendo una investigación policial por fraude. El año pasado, el Departamento para la Educación y la Agencia de Financiación de Educación y Capacidades asignaron más de £31m a 3aaa para aprendizajes y proyectos de aprendizaje para adultos.

El martes, un jurado federal condenó al director de una empresa escolar con fines de lucro, ahora cerrada; de malversar $800,000 del Distrito Escolar de Filadelfia, fondo que se utilizaría para educar a algunos de sus adolescentes en riesgo. El ex presidente de la Corporación Escolar Delaware Valley High basada en Bala Cynwyd, gastó el dinero en remodelaciones a su casa de playa en Margate, Nueva Jersey, y a su casa de 13 habitaciones valorada en $ 1.1 millones, en Gladwyne, en lugar de consejería y educación, que era para lo que estaba destinado.

Tras la elección del Presidente, defensores y legisladores expresaron su preocupación sobre que pasará con las actuales regulaciones destinadas a responsabilizar a las universidades con fines de lucro. El martes, sus preocupaciones se hicieron realidad. El Departamento de Educación anunció que retrasaría y renegociaría dos de los principales reglamentos de la administración anterior. La primera tiene como objetivo penalizar los programas en los cuales las cuotas de préstamos de graduados exceden un porcentaje establecido de sus ganancias, mientras el segundo simplifica el proceso para prestatarios que afirman haber sido estafados por sus universidades.

Tras siete meses de investigación, se ha descubierto que un buen número de universidades de Chile se encuentran operando de manera ilegal como negocios con fines lucrativos. Entre los descubrimientos realizados por este informe dirigido por un comité especial de investigación se encuentran los siguientes: ocho universidades violaron las leyes existentes que van en contra de la especulación, suben los sueldos de los ejecutivos, circulación de fondos entre empresas bajo una misma propiedad privada y que la externalización de servicios es un medio para generar ingresos.

Un constante fortalecimiento del control financiero y una política de tolerancia cero hacia la mala administración y la corrupción por parte del Ministerio de Educación han llevado a que la Comisión Anticorrupción (ACC por sus siglas en inglés) lleve a cabo una investigación sin precedentes. Una serie de medidas reforzadas dentro del ministerio dejaron al descubierto incidentes sospechosos donde se percibía la posibilidad de que compañías de dudosa procedencia se estuvieran beneficiando de la adjudicación de contratos del ministerio.