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El Gobierno presentará un nuevo proyecto de ley para hacer frente al aumento de casos de acoso sexual en las instituciones de enseñanza superior nigerianos. La ley prevé penas de prisión de hasta 14 años para cualquier académico culpable de conducta sexual inapropiada hacia estudiantes. Según un estudio del Banco Mundial, el 70% de las mujeres egresadas de instituciones de enseñanza superior nigerianas sufrieron acoso sexual en la escuela por parte de sus pares y docentes. Esto demuestra la necesidad de reforzar los mecanismos de las universidades y otras instituciones de enseñanza superior de Nigeria para controlar las actividades de docentes y estudiantes.

Las conclusiones de una investigación sobre casos de acoso sexual en universidades de Nigeria han revelado que son los estudiantes varones y no los docentes quienes ocupan el primer lugar en cuanto a acoso sexual y violación de las estudiantes mujeres. El informe afirma que también se denuncian muy pocos casos de sexo a cambio de ascensos y de violencia de género entre el personal. La principal razón para no denunciar es la falta de conocimiento de adónde y a quién recurrir, la probabilidad de que no les crean y el miedo a las consecuencias negativas.

La nueva legislación de Ontario prohibirá los acuerdos de confidencialidad para que los docentes no puedan ocultar un historial de conducta sexual inapropiada al postularse en otras universidades o facultades. Además, otorgará a los centros de enseñanza el derecho a despedir al personal que haya abusado de un estudiante e impedirá que vuelva a ser contratado.

El Ministerio de Educación de Ruanda (MINEDUC) ha ordenado el cierre temporal del Colegio Politécnico Regional de Kigali para investigar graves casos de robo y malversación de recursos públicos. Según las fuentes, el material de la universidad habría desaparecido, y se ha interrogado y detenido a altos funcionarios y a varios empleados implicados en la gestión de la institución.

Una investigación determinó que casi 170 residentes presuntamente cometieron fraude en las subvenciones del Plan de Desarrollo de la Educación Continua, lo que supuso más de 1 millón de MOP. Entre 2016 y 2019, dos miembros del personal suscitaron el interés de los residentes para que solicitaran cursos subvencionados ante la Oficina de Educación y Asuntos de la Juventud para el Plan de Desarrollo de la Educación Continua. El centro informó sobre registros de asistencia falsos y se confabuló con instructores y alumnos para falsificar registros de asistencia, mientras que los alumnos recibían reembolsos en efectivo por valor de la mitad de las subvenciones abonadas o realizaban otros cursos impartidos por el centro en forma gratuita.

Según un informe de TI Ruanda, a las estudiantes se les piden favores sexuales a cambio de notas y a menudo son objeto de corrupción por razón de género cuando escriben sus disertaciones. El informe revela que el acoso sexual en las universidades sigue siendo frecuente e incluye lenguaje sexualmente sugerente, extorsión sexual por parte de los superiores y presión para realizar favores sexuales a cambio de oportunidades. Se aconseja a las estructuras de dirección de las universidades que pongan en marcha medidas para identificar y castigar cualquier cuestión de género y proteger a los informantes cuando se produzcan casos.

Según una encuesta realizada por el Centro para el Desarrollo del Activismo Juvenil (CROA por su sigla en inglés) entre 2.000 estudiantes universitarios y 500 empleados, uno de cada cuatro estudiantes se ha enfrentado a hechos de corrupción, como pagar por una nota mejor. Además de los sobornos y la compra forzada de libros de texto, algunos estudiantes fueron presionados para afiliarse a partidos políticos y extorsionados para obtener favores sexuales. El CROA no sólo transmite las denuncias a las universidades para que realicen una investigación de seguimiento, sino que también planifica formación sobre lucha contra la corrupción para profesores, personal y estudiantes. Y está trabajando para incluir el conflicto de intereses en los códigos de ética de las universidades.

La Comisión Anticorrupción de Malasia ha detenido a 59 funcionarios de universidades públicas y privadas entre 2017 y 2022 por soborno, abuso de poder, demandas fraudulentas y otros delitos financieros. Uno de los casos se refería a un director de una universidad pública que en este último tiempo recibió un auto como incentivo para ayudar a una empresa a obtener una licitación por valor de unos 1,6 millones de RM, en tanto que un profesor universitario también fue detenido por supuestas demandas fraudulentas relacionadas con un fondo para investigación de 66.000 RM.

La Dirección de Vigilancia y Anticorrupción (DVAC por sus siglas en inglés) acusó formalmente a ocho personas, entre ellas cuatro exempleados de la universidad y cuatro particulares, por delito de conspiración, abuso de confianza, estafa, adulteración y falsificación de cuentas. Al examinar los detalles de matrículas y aranceles de 16.580 estudiantes, los funcionarios de la DVAC descubrieron que el número de serie de un cheque a la vista se utilizaba en repetidas ocasiones para distintos estudiantes.

La Comisión Anticorrupción de Indonesia (KPK) ha detenido al rector de la Universidad de Lampung por haber recibido supuestamente 5.000 millones de dírhams (336.000 dólares) por sobornar a las familias de los estudiantes que no aprobaron los exámenes de ingreso a la universidad conocido como régimen autónomo de admisión. Según la KPK, este examen de "régimen autónomo" realizado por las universidades es vulnerable al soborno debido a la falta de transparencia y de lineamientos específicos del Ministerio de Educación, lo que deja a las universidades estatales sin supervisión.