El parlamento decidió que las escuelas no podrán cobrar derechos de escolaridad a los estudiantes que se benefician del programa de educación secundaria universal. La comisión también decidió investigar sobre el fraude en los exámenes, la fuga de recursos y la anulación de los resultados del "O level". De ahora en adelante, cuando se considera que un candidato ha fraguado en una prueba, se anula todo el examen.