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Una investigación determinó que casi 170 residentes presuntamente cometieron fraude en las subvenciones del Plan de Desarrollo de la Educación Continua, lo que supuso más de 1 millón de MOP. Entre 2016 y 2019, dos miembros del personal suscitaron el interés de los residentes para que solicitaran cursos subvencionados ante la Oficina de Educación y Asuntos de la Juventud para el Plan de Desarrollo de la Educación Continua. El centro informó sobre registros de asistencia falsos y se confabuló con instructores y alumnos para falsificar registros de asistencia, mientras que los alumnos recibían reembolsos en efectivo por valor de la mitad de las subvenciones abonadas o realizaban otros cursos impartidos por el centro en forma gratuita.

Tres mujeres de Georgia y un hombre de Alabama se declararon culpables de conspirar para defraudar millones de dólares a los programas de asistencia financiera federal del Departamento de Educación de Estados Unidos. Según el Departamento de Justicia, admitieron haber matriculado a personas que no cumplían los requisitos para asistir a la universidad y haber completado solicitudes de asistencia financiera utilizando nombres de estudiantes falsos; también hicieron deberes y exámenes falsos de los estudiantes y manipularon los requisitos de grado para seguir teniendo derecho a la asistencia financiera federal.

La organización sudafricana Undoing Tax Abuse (OUTA por sus siglas en inglés) ha descubierto una "corrupción multimillonaria en licitaciones" en el Programa Nacional de Ayuda Financiera para Estudiantes (NSFAS por sus siglas en inglés) y ha entregado toda la información a la Unidad de Investigación Especial. La OUTA dijo que sus revelaciones son producto de una investigación sobre corrupción y contratos irregulares en los Servicios de la Autoridad del Sector de Educación y Formación (SSETA por sus siglas en inglés) después de que prosperara una solicitud de Promoción de Acceso a la Información relativa a una licitación de 170 millones de ZAR (9,6 millones de dólares) para un sistema biométrico de control de asistencia.

La Dirección de Vigilancia y Anticorrupción (DVAC por sus siglas en inglés) acusó formalmente a ocho personas, entre ellas cuatro exempleados de la universidad y cuatro particulares, por delito de conspiración, abuso de confianza, estafa, adulteración y falsificación de cuentas. Al examinar los detalles de matrículas y aranceles de 16.580 estudiantes, los funcionarios de la DVAC descubrieron que el número de serie de un cheque a la vista se utilizaba en repetidas ocasiones para distintos estudiantes.

Dos empleados de la Junta de Préstamos y Becas para Estudiantes de Educación Superior (HESLGB) fueron detenidos en Lilongüe por el presunto robo de 335 millones de MWK (326.000 dólares) destinados a préstamos para estudiantes entre 2018 y 2019 a través de una institución de educación superior privada. Al no poder pagar el alquiler y ofrecer préstamos a los estudiantes de las instituciones terciarias, la universidad propuso a la junta que le donara 10 millones de MWK (9.750 dólares). La junta, en cambio, envió 300 millones de MWK y pidió a la universidad que devolviera la diferencia a varias cuentas pertenecientes a empleados de la junta de préstamos.

La Comisión Anticorrupción ha acusado a cinco miembros y a un director ejecutivo del consejo de administración de la Universidad Norte-Sur (NSU) de abuso de poder, aumentando sus asignaciones hasta diez veces el porcentaje aprobado y comprando autos de lujo a costa de los estudiantes. Durante más de una década, la NSU ha ofrecido varios programas de Licenciatura en Administración de Empresas sin la aprobación de la Comisión de Becas Universitarias. Según un investigador, la NSU estaba autorizada a inscribir a 50 estudiantes en los programas aprobados de esta carrera, pero inscribió a unos 2.700 estudiantes en un semestre.

La Fiscalía de Estados Unidos arrestó a una enfermera especializada, por cargos federales de fraude electrónico, fraude en la ayuda financiera y robo de identidad agravado. Utilizó la información de los médicos y falsificó firmas para certificar diagnósticos de discapacidad que consiguieron la descarga de más de 10,5 millones de dólares en préstamos para al menos 125 personas. Defraudó el programa de condonación por incapacidad total y permanente del Departamento de Educación federal, que alivia los préstamos estudiantiles de quienes sufren discapacidades físicas o mentales permanentes.

Una ex directora de finanzas y administradora de la Facultad de Medicina de Yale se declaró culpable de fraude electrónico y declaraciones de impuestos falsas durante un periodo de nueve años. Dirigía un negocio ilegal que consistía en la compra y reventa al por mayor de ordenadores y dispositivos electrónicos por un total de 40 millones de dólares en pérdidas para la universidad. Desde el incidente, la universidad ha trabajado para identificar y corregir las deficiencias de sus controles financieros internos.

La Universidad Ashford de San Diego y su empresa matriz, Zovio, han sido multadas con 22,37 millones de dólares por tácticas de admisión fraudulentas que dejaron a los estudiantes muy endeudados y sin título. Según el juez del Tribunal Superior de San Diego, la universidad hizo afirmaciones falsas sobre los resultados de la carrera, los costes y la ayuda financiera para atraer a estudiantes vulnerables a matricularse en los programas universitarios en línea.

Tres graduados de la Universidad Egerton de Kenia no pueden ofrecer sus servicios profesionalmente, ya que su licenciatura en ciencias no ha sido acreditada desde su graduación en 2019. Presentaron su caso ante la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, solicitando 2,2 millones de KES (19.000 dólares) y que la universidad les ofrezca ocho cursos de recuperación para que puedan actualizar su título.