Página de búsqueda

Honduras invierte grandes sumas en la educación, pero los poderosos sindicatos de profesores y los nombramientos políticos minan las reformas en un sector vulnerable a la corrupción y que carece de supervisión de la sociedad civil. En el país hay unos 50.000 profesores; entre 2.500 y 2.600 tienen problemas pendientes en relación con sus puestos (tales como pagos irregulares por permisos o ausencias injustificadas mientras siguen en la planilla). Para que los planes de descentralización en curso  tengan un impacto positivo sobre los servicios de educación es necesario mejorar las competencias de los auditores locales, dar más participación a los padres de familia y los sindicatos deben adoptar códigos de conducta.

El Ministerio de Educación debe explicar por qué aceptó a una empresa de préstamos para los estudiantes que una auditoría había sindicado por malos manejos de millones de dólares. La empresa recibió los fondos de un programa de subsidio que le garantizaba una tasa de interés de 9,5% sobre los préstamos a los estudiantes. En un convenio concluido en enero, el ministerio autorizó a la empresa a conservar los 278 millones de dólares recibidos, pero suspendió pagos futuros por más de 800 millones de dólares, hasta que una próxima auditoría pueda determinar si la empresa reúne las condiciones para ser elegida.

En Uzbekistán, muchas escuelas carecen de suministros básicos y los profesores a veces recurren a los alumnos pidiéndoles dinero para complementar sus magros presupuestos. El periódico uzbeko Uchitel Uzbekistana informó en agosto de 2007 que incluso los más experimentados profesores de educación primaria y secundaria ganan menos de $100 al mes. En 2007, Transparencia Internacional situó a Uzbekistán en el puesto 176 en su índice de corrupción de los 180 países supervisados.

Un informe de la Fundación Grupo Civico Etica y Transparencia (EyT) muestra los resultados del proyecto "Prevención de la corrupción en el sistema educativo". Tras supervisar importantes contratos para el mantenimiento de las escuelas en las áreas rurales, EyT encontró que una parte considerable del presupuesto del Ministerio de Educación destinado a contratos públicos presentaba irregularidades. Aconsejó al ministerio que fortalezca el control de la calidad de los materiales y ejecute auditorías internas regularmente.

Activistas de la sociedad civil de Sierra Leona están trabajando para mejorar la obligación de rendir cuentas. El grupo National Accountability Group (NAG) – la oficina local de Transparencia Internacional – utilizó una Encuesta de Seguimiento del Gasto Público (ESGP) para averiguar qué había sucedido con las ayudas para pagos de matrículas escolares y materiales de aprendizaje designados para un grupo muestra de 28 escuelas de distrito rural.

Un informe oficial ha criticado duramente la gestión financiera del elitista Instituto de Estudios Políticos de París tras encontrar evidencia de bonificaciones exorbitantes, ausencia de control y despilfarro de fondos públicos. El informe pone de manifiesto una gestión caótica consistente en "pequeños tratos entre amigos y una administración poco seria de los fondos públicos".

Una vez llevado a cabo un estudio exhaustivo, la magnitud y alcance del fraude cada vez queda más patente. Por ejemplo, las investigaciones realizadas sugieren que la mayoría de las solicitudes presentadas por aquellos países emisores de grandes cantidades de alumnos o bien están infladas o directamente son fraudulentas. Como resultado, decenas de miles de alumnos internacionales, habiendo superado los obstáculos de visado y admisión, consiguen matricularse en cualquier lugar del mundo utilizando expedientes académicos, declaraciones de apoyo financiero, cartas de recomendación o resultados de evaluaciones falseados.

Harare está perdiendo miles de dólares en ingresos ya que muchas de sus escuelas no están remitiendo las cuotas de las matrículas a las autoridades locales. La ciudad ha ordenado investigaciones en cuatro escuelas y una guardería. Un administrador de una de las escuelas deberá presentarse ante un comité disciplinario para responder a cargos de mal uso de matrículas.

El Presidente ha ordenado una auditoría de cómo las escuelas públicas de primaria y secundaria han gastado los billones que se les dieron para la enseñanza a lo largo de los años. Fondos para la Educación primaria fueron distribuidos en el 2003, con cada niño recibiendo Sh1,020 por año. En el 2014, el gobierno incrementó el FPE a Sh1,420 para inscripciones de aproximadamente 10 millones de niños, en 23,000 escuelas públicas de primaria. Anualmente esto tiene un costo de Sh 14 billones.