Como resultado del brote del COVID-19, no se pudo proceder con el proyecto para construir una escuela de formación técnica y vocacional de vanguardia, de 866 millones de ZAR (60 millones de dólares) en una de las ciudades más pobres de Africa del Sur. El proyecto fue detenido por el Ministro de Educación Superior, pero el dinero no se ha regresado al Tesoro Nacional ni contabilizado de acuerdo a la Ley de Gestión de las Finanzas Públicas.

Un ex Secretario Ejecutivo de la Junta de Becas del Estado de Lagos ha sido acusado de 8 cargos de conversión delictiva de N127 millones, pertenecientes a la Junta de Becas. El informe de la Comisión de Crímenes Económicos y Financieros, reveló que los fondos destinados al pago de las becas de los estudiantes, bienestar del personal y renovaciones de las oficinas había sido utilizado para propósitos personales.

El FBI anunció que la ex Secretaria de Educación, ha sido acusada de haber usado su puesto para dar a una compañía, 1,034 pies cuadrados que le pertenecían a una escuela, a cambio de beneficios financieros. Si se le encuentra culpable, podría enfrentar hasta 10 años de cárcel por conspiración y soborno y hasta 20 años por fraude electrónico.

Un número de altos funcionarios del Cabo Oriental han sido acusados de corrupción en relación a un programa de nutrición escolar de la provincia por R1 billón; otro caso involucra irregularidades relacionadas al suministro de infraestructuras escolares o denuncias de corrupción en el Departamento de Educación de Limpopo, por el otorgamiento de un contrato a EduSolutions. El contrato para la adquisición de libros de texto escolares en la provincia fue cancelado en 2012, después de haberse pagado millones a EduSolutions.

Políticos, funcionarios de educación de alto nivel, directores, y empresarios se están aprovechando de sus posiciones para alinear sus bolsillos con los fondos del estado. Según un estudio, los actos de corrupción en Tailandia abarcan desde estafar los fondos del estado, confabular para subir los precios de materiales educativos y de construcción escolar, así como, demandar sobornos de los padres que quieran que sus hijos sean inscritos en una escuela en particular. Entre funcionarios irresponsables y directores de las escuelas se roban casi el 30% del presupuesto total.

Los estándares de educación en las escuelas de post-primaria en Nigeria han desmejorado considerablemente. El deterioro, insalubridad y ambientes de enseñanza pestilentes, la falta de materiales requeridas para enseñar y la baja moral del personal docente están entre los factores responsables por el estado crítico de las escuelas unificadas. También hay denuncias de mal manejo de fondos por los administradores y otros funcionarios de las escuelas unificadas.

Un grupo defensor de anticorrupción, el Proyecto de Rendición de Cuentas y Derechos Socioeconómicos (SERAP), ha demandado al gobernador del estado de Delta, por los escasos recursos financieros de la educación primaria de su estado. Su administración ha recibido N7.8bn de parte de la Comisión de la Educación Básica Universal, aparte de otros fondos del Gobierno Federal. Cerca de 1,124 escuelas primarias en todo el estado son un desastre, con instalaciones de enseñanza en pésimas condiciones. Además, SERAP señaló el caso de un estudiante que fue enviado a su casa porque sus padres no podían pagar la cuota escolar ilegal de N900.

Los estudiantes de los departamentos de Informática, Arte e Inglés, instigaron un boicot de clases en contra de la falta de instalaciones y denunciaron abusos de poder. Afirmaron que la administración de la universidad había desviado fondos que supuestamente habían sido asignados para servicios estudiantiles. Apelaron al Gobernador de Sindh, Jefe de Justicia de la Oficina Nacional de Rendición de Cuentas y al ministro principal para tomar cartas en el asunto y ayudarlos para la concesión de las instalaciones requeridas.

Seis altos funcionarios de gobierno en el Ministerio de Educación han sido relevados de sus funciones debido a corrupciones masivas, abuso de poder, contratos ficticios, y estafa de fondos públicos, desde hace más de 20 años. El presidente, también ha ordenado que el Comité de Contratos de dicho Ministerio sea “disuelto” de inmediato por “mal manejo en el proceso de adquisición de muebles seleccionados para escuelas de primaria en Uganda, bajo el Ministerio de Educación y Deportes”.