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El Ministerio de Justicia de los EE.UU. podría resucitar una queja que podría sentar precedente y pretende obtener cerca de US$ 1.000 millones de la Universidad de Phoenix, la institución de educación superior privada más grande del país. La queja fue rechazada en mayo por un juez de un tribunal de distritro federal en California basándose en consideraciones técnicas, pero la parte apeló.

En la primavera de 2004 se llevaron a cabo una serie de entrevistas con 43 rectores, vicerrectores y administradores en cinco universidades privadas. Se llegó a una conclusión general, y es que para llegar a obtener una matrícula o una solicitud de acreditación, con muy pocas excepciones, se necesitaba algún tipo de soborno. Una matrícula podría requerir un soborno de unos 200 dólares americanos, que es como el salario medio correspondiente a dos meses de trabajo de cualquier académico – mientras que para una acreditación podríamos estar hablando de una "gratificación" 10 o 20 veces mayor.

El centro de educación secundaria Compton perdió la acreditación de la Asociación Occidental de Escuelas y Colegios en junio. El organismo de acreditación regional citó, entre otras causas para revocar la revocación de la acreditación, la mala administración, la falta de planes de educación, la carencia de servicios de apoyo a los estudiantes y la existencia de un personal administrativo inadecuado. Ahora, el Estado se está haciendo cargo de la escuela, a pesar del sistema altamente descentralizado propio de California.

El asesor legal de la Universidad Eduardo Mondlane negó que hubiera algo deshonesto en asignar becas a personas que no trabajan en la universidad. Sin embargo, solo en 2003 se gastó presuntamente más de US$ 147.000 en la hija del rector, dos hijos del director de relaciones públicas de la universidad y 16 otras personas, en lugar de utilizarse para que los profesores obtuvieran títulos en el exterior.

El presidente de la institución postsecundaria más grande del país la defendió de los ataques de políticos que la habían acusado de corrupción generalizada. También se ha insinuado que la universidad es un centro de nepotismo y de contabilidad fraudulenta.

Dos estudiantes de la Universidad Estatal de Gombe han sido expulsados por mala práctica en los exámenes. El Vicerrector de la Universidad aprobó la expulsión inmediata de dichos estudiantes por permitir que otras dos personas hicieran dos exámenes, Inglés y Matemáticas, en su nombre.

Noticias sobre filtraciones de exámenes han conmocionado al Consejo Examinador del África Occidental (en inglés West African Examination Council). Los exámenes que se filtraron han obligado al consejo a cancelar y a cambiar la fecha de los exámenes. Tanto el personal como los colaboradores auxiliares están siendo investigados. La filtración sucedió a pesar de todas las medidas que se tomaron para evitar que los alumnos copiaran en el examen. El consejo ha diseñado una página web y ha añadido las fotografías tamaño carnet en relieve a los certificados para evitar la suplantación de candidatos.

No menos de 23 estudiantes del Politécnico de Ibadán fueron expulsados por prácticas dolosas en los exámenes, mientras que otros 78 fueron suspendidos como parte de lo que una autoridad de la institución describió como una campaña continua de limpieza.

La Comisión de Educación Superior (HEC, por sus siglas en inglés) de Pakistán ha pedido que todas las universidades del país presenten una copia digital o computarizada de las tesis presentadas por los estudiantes para obtener su M Phil o su PhD, de manera que se puedan cargar todas las tesis en su sitio en la Web y efectuar una verificación automática. Según algunas fuentes, la HEC ha pedido a los administradores de las universidades que adviertan a los estudiantes de posgrado que eviten el plagio, pues traería como consecuencia la cancelación de sus diplomas. Más de 5.000 personas han recibido su diploma de PhD en diferentes universidades del país, de las cuales 1.000 han registrado sus tesis en el sitio en la Web de la HEC. 

Tras varios informes periodísticos que señalan que miles de egresados de la Universidad de Makerere podrían haber cometido fraude, varios empleadores han recurrido a la oficina de transcripción para verificar los títulos universitarios. Según un empleado de la Oficina de Registro Académico, banqueros, funcionarios de aduana y periodistas han conseguido puestos que nunca deberían haber obtenido.