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Aunque el período posconflicto terminó oficialmente en 2006, el Ministerio de Educación aún no es capaz de monitorear eficazmente los procesos de enseñanza-aprendizaje a nivel nacional. El sistema registra profesores que no existen físicamente, profesores que no enseñan ("profesores fantasma") y profesores que reciben salarios de varias escuelas. A mediados de 2006, el Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS) envío dos expertos a la Dirección de Planificación del Ministerio de Educación en Freetown, la capital de Sierra Leona, para crear un Sistema de Información para la Gestión de la Educación (SIGE). Este artículo sintetiza los resultados de sus investigaciones.

El ministro de educación de Sierra Leona ordenó un ejercicio de verificación a escala nacional. Muchas escuelas y profesores actualmente registrados simplemente no existen. Según él: "Si se toma en cuenta los subsidios que pagamos por las escuelas no existentes, los profesores no existentes y la lista inflada de alumnos, es fácil suponer que el gobierno pierde decenas de miles de dólares cada mes". El ministro acusa a funcionarios de su propio ministerio de colusión con sus contrapartes en el Ministerio de Finanzas.

Un gran número de padres ha expresado su descontento por como los profesores exigen dinero a cambio de darles a sus hijos los resultados de final de curso. Y ahora sí que los padres le están exigiendo al ministro de educación que haga algo en lo referente a cobros extras en escuelas de primaria y secundaria, defendiendo así el programa gratuito de Educación para Todos.

Activistas de la sociedad civil de Sierra Leona están trabajando para mejorar la obligación de rendir cuentas. El grupo National Accountability Group (NAG) – la oficina local de Transparencia Internacional – utilizó una Encuesta de Seguimiento del Gasto Público (ESGP) para averiguar qué había sucedido con las ayudas para pagos de matrículas escolares y materiales de aprendizaje designados para un grupo muestra de 28 escuelas de distrito rural.

Según un informe, los responsables de una Facultad de Ciencias Empresariales junto con una junta examinadora se han visto envueltos en un caso de expedientes académicos falsos. Los funcionarios de la facultad proporcionaban resultados y expedientes falsos a personas que querían viajar al extranjero para realizar estudios superiores, por un precio que según afirman no bajaba de los 2.000 dólares americanos.

Según el informe emitido por el Auditor General en 2013, el Ministerio de Educación, Ciencias y Tecnología no siguió la normativa en lo referente a la adjudicación de contratos en el año revisado, violando así la Ley de Contratación Pública Nacional de 2004.