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Tras la aplicación de la Ley de Organismos Reguladores de la Educación de 2020 (Ley 1023), cualquier institución de enseñanza superior en Ghana, que anuncie o imparta un programa que no está acreditado, se enfrentará a sanciones que incluyen multas de 240,000 GHS (US$41,400). Otra posibilidad es que el vicerrector o el rector de la institución sea encarcelado hasta por 20 años, aunque ambas sanciones pudieran aplicarse.

Universidades de Nigeria han sido acusadas de manipular los informes de registros de estudiantes y contratación de profesores ya contratados por otras universidades. Querían convencer a la Comisión Nacional de Universidades (NUC), que tenían suficiente personal para cumplir con los requisitos de proporciones de estudiantes de maestría y mantener la acreditación de su programa. Otra cuestión que se planteó en el proceso de revisión de la NUC, es la práctica de enviar a profesores a monitorear actividades en sus propias áreas de estudio. Esto ha llevado a profesores a poner en peligro los estándares para favorecer a sus colegas que también pueden ser enviados a acreditar programas en sus escuelas.

Según la Ley del Marco Nacional de Cualificaciones de Sudáfrica (SA), la afirmación falsa o fraudulenta de un título de educación superior es un delito penal sujeto a una pena de prisión o una multa. Presumir de tener un doctorado u otro título en LinkedIn o en la biografía de Twitter, puede ser suficiente para meterse en serios problemas. Según la nueva ley, los operadores de instituciones falsas, también se enfrentarán a penas de cárcel de hasta cinco años si afirman estar registrados como instituciones educativas en Sudáfrica o en el extranjero.

La Asociación de Universidades Africanas (AAU), ha identificado corrupción y amenazas a oficiales de organismos de acreditación como algunos de los factores afectando la calidad de algunas instituciones de educación superior a lo largo del continente. “Debido a la corrupción, algunas universidades que son propiedad de “los ricos y famosos” y políticos, abren sus puertas sin el más mínimo requisito. Algunos organismos de acreditaciones también enfrentan amenazas si se niegan a abrir dichas instituciones.” La AAU, se está preparando para implementar el reconocimiento regional de las cualificaciones de la educación superior a lo largo de Africa.

Mientras que al oeste le gusta destacar ejemplos de corrupción o mala práctica en Africa, en realidad pueden ser encontrados en todos los países, incluyendo los Estados Unidos y el Reino Unido. Nigeria, es uno de los países desarrollando capacidad de garantía de calidad, introduciendo leyes explicitas contra ciertos tipos de corrupción, monitoreo y cierre de instituciones cuando hay evidencias de fraude. A lo largo de Africa, GUNI-Africa, está construyendo capacidad, hablando con oficiales, presionando para concientizar al público y asegurando que las personas capturadas sean sancionadas y que dichas sanciones sean divulgadas.

La educación CS quiere que las universidades que están vendiendo diplomas a políticos sean cerradas. Dijo que el gobierno está planeando una reorganización importante en la educación superior, incluyendo tomar medidas enérgicas contra universidades comenzando el próximo año. “Estoy feliz ahora que consejos han comenzado a actuar y a quitarles sus diplomas. Quisiéramos ver que más universidades lo hicieran al mismo tiempo con CUE y el Ministerio de Educación,” dijo el lunes durante una ceremonia de graduación del AMFREF. Las medidas se dirigirán a las instituciones operando contrariamente a las disposiciones legales regulando el sector de la educación superior. Entre esos grupos objetivos están esos operando con cartas de autoridad provisionales fuera del período legal.

Las últimas tres décadas han sido testigo de la proliferación global de instituciones privadas de educación superior a excesiva velocidad. Instituciones privadas de educación superior de Etiopía, o PHEI, necesitan ser acreditadas antes de comenzar operaciones. La limitación de la habilidad de autoridades gubernamentales de aplicar las reglas continúa alentando a instituciones ilegales y estudiantes a tomar riesgos. Tomando en cuenta el tamaño de la población estudiantil como su línea de defensa, proveedores fraudulentos sacan provecho del “daño excesivo” que cualquier acción gubernamental podría causar cuando sus actos ilegales son revelados.

El Ministerio de Educación de Kenia está llevando a cabo estrategias anticorrupción. El Ministerio de Educación trata de controlar las irregularidades en la admisión, los exámenes, la certificación y la acreditación en las universidades públicas y privadas, así como en los campus satélite de las instituciones de todo el país.

Según un informe confidencial, las universidades de Kenia están enfrentando serios retos administrativos resultando en fallas en las admisiones, personal inadecuado, y bajos estándares en la administración de exámenes, supervisión e investigación. El informe también demuestra que algunas instituciones hacen recortes para incrementar admisiones con el fin de cubrir lagunas presupuestarias, permitiendo que estudiantes se gradúen en meses, o admitiendo estudiantes a programas que no están acreditados, y luego les permiten graduarse de los mismos. Después de regresar sus reportes con correcciones precisas, las instituciones tendrán 30 días para presentar las medidas correctivas.