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un reconocido especialista en investigación de la obesidad se declarará culpable por haber formulado falsas declaraciones en la solicitud de un subsidio de US$ 542.000 al National Institute of Health de los EE.UU. en 1999. El investigador, quien ejercía varios cargos en la Escuela de Medicina de la Universidad de Vermont (UVM) en Burlington podría ir a la cárcel hasta por cinco años.

El Ministerio de Justicia de los EE.UU. podría resucitar una queja que podría sentar precedente y pretende obtener cerca de US$ 1.000 millones de la Universidad de Phoenix, la institución de educación superior privada más grande del país. La queja fue rechazada en mayo por un juez de un tribunal de distritro federal en California basándose en consideraciones técnicas, pero la parte apeló.

El jurado de inculpación federal de Kansas acusó hace un mes a un ex entrenador de baloncesto de una facultad de haber arreglado que sus jugadores recibieran créditos académicos fraudulentos y haber robado US$ 120.000 en Pell Grants. El ex entrenador se expone a un total de 51 años de prisión y más de US$ 1,5 millones en multas si se lo encuentra culpable de todos los cargos.

Los legisladores de Oregón han aprobado un proyecto de ley que obliga a las personas que busquen empleo en el estado a incluir una cláusula de exención de responsabilidad en su curriculum vitae en torno a aquellas cualificaciones que no hayan sido expedidas por una institución de educación superior avalada por una agencia de acreditación competente reconocida por la autoridad estatal. Esta medida forma parte de una campaña de lucha emprendida por los legisladores del estado contra las instituciones de educación que poseen estándares académicos insuficientes o inexistentes. La Oficina de Autorización de Títulos incluye en su sitio Web una lista de más de 300 instituciones no reconocidas.

Según investigaciones llevadas a cabo en Nicaragua, de entre los 3.500 profesores de colegios autónomos que reciben un salario mes a mes, en realidad solo 1.945 de ellos están realmente dando clases. Por lo tanto, al menos 555 salarios se pagan a profesores ficticios o a personas que utilizan en falso (fraudulentamente) los nombres de los profesores.

Honduras invierte grandes sumas en la educación, pero los poderosos sindicatos de profesores y los nombramientos políticos minan las reformas en un sector vulnerable a la corrupción y que carece de supervisión de la sociedad civil. En el país hay unos 50.000 profesores; entre 2.500 y 2.600 tienen problemas pendientes en relación con sus puestos (tales como pagos irregulares por permisos o ausencias injustificadas mientras siguen en la planilla). Para que los planes de descentralización en curso  tengan un impacto positivo sobre los servicios de educación es necesario mejorar las competencias de los auditores locales, dar más participación a los padres de familia y los sindicatos deben adoptar códigos de conducta.

En Kenya, Tanzania y Uganda se ha encontrado a personas que compran diplomas falsificados en toda suerte de fábrica de diplomas y otras universidades fraudulentas. Esas universidades no tienen existencia física y operan sólo mediante sitios en la Web. La mayoría de las fábricas de diplomas operan desde la Gran Bretaña o los Estados Unidos, donde se asume que los estándares académicos son muy altos. Recientemente, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) recolectó una lista de más de 10 mil personas que han obtenido un diploma falsificado de fábricas situada en los EE.UU. Un número significativo de ellos provienen de Sudáfrica, Kenya y Nigeria. Actualmente hay unas 80 fábricas de diplomas conocidas que operan desde los EE.UU. y el Reino Unido.

Los puestos de los profesores están a la venta en México y esto ha sido así durante decenios. Aunque raramente discutida, esta práctica –iniciada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para recompensar a las personas leales al partido– está aparentemente muy difundida. Se informa que el precio de un puesto de profesor en una escuela pública primaria se sitúa entre $5.000 y $12.000, dependiendo del lugar. Los profesores que renuncia pueden vender sus puestos o pasarlos a sus hijos. En algunos casos por lo menos, los gobiernos locales y los sindicatos de profesores supervisan el proceso de compra y venta. Sin embargo, un reciente esfuerzo de reforma –la "Alianza por la calidad de la educación" (ACE)– suscrito por el gobierno y el sindicato nacional de profesores en mayo, basaría los nuevos nombramientos de los profesores en el mérito, mediante un examen administrado por un órgano independiente. No sorprende que este acuerdo haya generado una respuesta vociferante de la base. En muchos estados los profesores se han declarado en huelga, marchando hacia las oficinas del gobierno, cerrando escuelas y bloqueando calles.

Tres ex profesores de la Oral Roberts University demandan a la institucion evangélica de Tulsa (Oklahoma) ante la corte estatal, acusando a su presidente de utilizar los recursos de la universidad para apoyar a un candidato a la municipalidad local y pagar el extravagante estilo de vida de su familia. La universidad publicó un comunicado negando las acusaciones

El fiscal de delitos económicos de Mar del Plata investiga a 96 policías por utilizar títulos del secundario falsificados para poder ascender en el escalafón policial. El fiscal también informó que un informe preliminar del Ministerio de Educación de Buenos Aires confirma que de 250 certificados secundarios de policías investigados al menos 96 son falsos.