Página de búsqueda

El costo del funcionamiento de las escuelas podría disminuir en 40%, si se erradicara la corrupción. Más aún, si el estilo de vida del director está más allá de lo que es dable esperar de su puesto, hay que denunciarlo. Esto podría suscitar una caza de brujas, pero es lo que se practica efectivamente en los países escandinavos, que son los menos corruptos del mundo.

El sistema se presta al abuso porque no hay medidas de verificación y de calidad por parte del Ministerio de Educación de los registros, notas y resultados. La consecuencia es que directores deshonestos recolectan pagos de derechos por los exámenes pero no los registran, afirmó la Kenya National Association of Parents (Asociación Nacional de Padres de Familia)

Los derechos de escolaridad ad hoc aumentaron durante los últimos años. Muchos culpan al gobierno por su inadecuada contribución financiera. Sin embargo, incluso si se cobran los derechos ad hoc, ¿a dónde va finalmente el dinero? En la provincia de Hunán, en la China central, se reporta que durante seis años se ha cobrado 20 yuanes (US$ 2,20) por cada alumno. La oficina también recolectó otros millones más de los estudiantes para un fondo destinado a una instalación deportiva, pero el centro nunca se construyó.

La oficina de TI en Bosnia Herzegovina ha dado comienzo a un nuevo proyecto contra la corrupción. La fase piloto será puesta en marcha en la zona de Banja Luka para octubre de 2005. Las actividades de dicho proyecto incluyen la edición de un libro de texto que se usará en las aulas escolares y posibilitará tanto a alumnos como a profesores debatir sobre corrupción, mantener clases sobre ética y un sondeo de las opiniones y puntos de vista de profesores y alumnos acerca de la corrupción.

El Departamento de Educación de Mpumalanga ha dado comienzo a un procedimiento disciplinario contra 61 profesores acusados de verse envueltos en un caso de mala práctica en los exámenes de matriculación del año pasado. Las investigaciones llevadas a cabo han revelado que los candidatos recibieron ayuda, posiblemente por parte de los profesores, en una o más asignaturas. Dichas prácticas ilícitas tuvieron lugar en 10 de los 587 centros examinadores de la provincia de Mpumalanga.

No se ha tomado ninguna medida contra una escuela acusada de malversar más de 7 millones de chelines que se suponía iban a ser para comprar un autobús. Durante los últimos siete años no se ha realizado ningún informe de auditoría en la escuela puesto que el director del centro no ha presentado las cuentas.

La Asociación Nacional de Ghana de Escuelas Privadas (en inglés The Ghana National Association of Private Schools - GNAPS) acusa a algunos directores de escuelas privadas de cobrar cuotas muy altas a pesar de las ya aprobadas cuotas escolares por el Ministerio de Educación, según la clasificación de la escuela. El nivel de las cuotas de matrícula viene contemplado en la constitución y, según la GNAPS, tanto las escuelas públicas como privadas deberían respetarlo.

Las autoridades locales de Beijing se encuentran revisando en estos momentos las normas existentes referentes a la ética profesional para profesores de escuelas de nivel primario y medio. La revisión incluirá el establecimiento de una serie de sistemas para puestos de responsabilidad y la supervisión y castigo de los profesores cuando se ponga en marcha la normativa de la ética profesional. Aquellos profesores que no estén cualificados serán apartados de la profesión.

Un auditor ha sido acusado de haber maquillado las cuentas para ayudar a ocultar el robo de más de 11 millones de dólares. Las acusaciones implican al superintendente de distrito por el robo de más de 2 millones de dólares, al superintendente adjunto, por apropiación indebida de 4 millones de dólares, y a un ex empleado de contabilidad de la escuela, por el robo de 780.000 dólares. El dinero se estaba destinando a la compra de obras de arte, joyas, viajes al extranjero e hipotecas de viviendas. El escándalo ha desencadenado un cambio radical en la forma de auditar las finanzas de los centros escolares en todo el estado.

Legisladores del Estado de Ondo han aprobado una pena de cárcel de entre tres y cuatro años o bien una multa para aquellos directores que lleven a cabo malas prácticas durante los exámenes en colegios públicos. Cualquier candidato que abandone la sala de examen con la intención de copiar o beneficiarse de forma ilícita corre el riesgo de pagar una multa y/o ser enviado a prisión por un periodo de hasta tres años.