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La Fiscalía General libia ha ordenado la detención de funcionarios de la oficina de becas del Ministerio de Educación Superior en Türkiye, acusados de malversar becas para estudiantes libios por valor de unos 14 millones de euros (15 millones de dólares). La investigación reveló irregularidades que afectaban a 757 alumnos que estudiaban en Türkiye, debido a infracciones tales como retrasos en los estudios, superación de los plazos de titulación y concesión de becas a hijos de funcionarios que ya recibían prestaciones educativas. El Primer Ministro suspendió las becas en el extranjero y retiró al Ministro la autoridad sobre la aprobación de becas.

El organismo de regulación de la educación superior TEQSA interrumpió el acceso a otros 100 sitios web de fraude académico. Con estas, ya son 250 las páginas web ilegales bloqueadas en virtud de estos protocolos desde agosto de 2022. El organismo también ha desarrollado una serie de recursos para estudiantes y personal. Las leyes antifraude australianas establecen el carácter ilegal de la prestación o promoción de servicios de fraude académico. Las sanciones incluyen hasta 2 años de prisión y multas de hasta 110 000 dólares.

La figura central de la estafa en la que padres con alto poder adquisitivo pagaban enormes sumas para hacer trampas en los exámenes estandarizados, ha sido condenada a tres años y medio de prisión federal. El cerebro de la estafa conocida como Operación Varsity Blues se declaró culpable de asociación ilícita, blanqueo de capitales, y conspiración para cometer fraude contra los Estados Unidos y fraude en el extranjero.

El vicerrector de la Universidad de Egerton y ocho miembros del Consejo Universitario han sido condenados a 30 días de cárcel por no cumplir una orden judicial que les ordenaba pagar a los profesores el 100% de sus salarios. El capítulo del Sindicato del Personal Académico de la Universidad de Egerton (UASU) había presentado una demanda por desacato después de que la universidad impusiera un recorte salarial del 40% en 2020, supuestamente como medida provisional ante la llegada de la pandemia COVID-19. Sin embargo, el Consejo no presentó pruebas de la necesidad de esta medida.

El Gobierno presentará un nuevo proyecto de ley para hacer frente al aumento de casos de acoso sexual en las instituciones de enseñanza superior nigerianos. La ley prevé penas de prisión de hasta 14 años para cualquier académico culpable de conducta sexual inapropiada hacia estudiantes. Según un estudio del Banco Mundial, el 70% de las mujeres egresadas de instituciones de enseñanza superior nigerianas sufrieron acoso sexual en la escuela por parte de sus pares y docentes. Esto demuestra la necesidad de reforzar los mecanismos de las universidades y otras instituciones de enseñanza superior de Nigeria para controlar las actividades de docentes y estudiantes.

El Ministerio de Educación de Ruanda (MINEDUC) ha ordenado el cierre temporal del Colegio Politécnico Regional de Kigali para investigar graves casos de robo y malversación de recursos públicos. Según las fuentes, el material de la universidad habría desaparecido, y se ha interrogado y detenido a altos funcionarios y a varios empleados implicados en la gestión de la institución.

Tres mujeres de Georgia y un hombre de Alabama se declararon culpables de conspirar para defraudar millones de dólares a los programas de asistencia financiera federal del Departamento de Educación de Estados Unidos. Según el Departamento de Justicia, admitieron haber matriculado a personas que no cumplían los requisitos para asistir a la universidad y haber completado solicitudes de asistencia financiera utilizando nombres de estudiantes falsos; también hicieron deberes y exámenes falsos de los estudiantes y manipularon los requisitos de grado para seguir teniendo derecho a la asistencia financiera federal.

La Comisión Anticorrupción de Malasia ha detenido a 59 funcionarios de universidades públicas y privadas entre 2017 y 2022 por soborno, abuso de poder, demandas fraudulentas y otros delitos financieros. Uno de los casos se refería a un director de una universidad pública que en este último tiempo recibió un auto como incentivo para ayudar a una empresa a obtener una licitación por valor de unos 1,6 millones de RM, en tanto que un profesor universitario también fue detenido por supuestas demandas fraudulentas relacionadas con un fondo para investigación de 66.000 RM.

La Dirección de Vigilancia y Anticorrupción (DVAC por sus siglas en inglés) acusó formalmente a ocho personas, entre ellas cuatro exempleados de la universidad y cuatro particulares, por delito de conspiración, abuso de confianza, estafa, adulteración y falsificación de cuentas. Al examinar los detalles de matrículas y aranceles de 16.580 estudiantes, los funcionarios de la DVAC descubrieron que el número de serie de un cheque a la vista se utilizaba en repetidas ocasiones para distintos estudiantes.

La Comisión Anticorrupción de Indonesia (KPK) ha detenido al rector de la Universidad de Lampung por haber recibido supuestamente 5.000 millones de dírhams (336.000 dólares) por sobornar a las familias de los estudiantes que no aprobaron los exámenes de ingreso a la universidad conocido como régimen autónomo de admisión. Según la KPK, este examen de "régimen autónomo" realizado por las universidades es vulnerable al soborno debido a la falta de transparencia y de lineamientos específicos del Ministerio de Educación, lo que deja a las universidades estatales sin supervisión.