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Honduras invierte grandes sumas en la educación, pero los poderosos sindicatos de profesores y los nombramientos políticos minan las reformas en un sector vulnerable a la corrupción y que carece de supervisión de la sociedad civil. En el país hay unos 50.000 profesores; entre 2.500 y 2.600 tienen problemas pendientes en relación con sus puestos (tales como pagos irregulares por permisos o ausencias injustificadas mientras siguen en la planilla). Para que los planes de descentralización en curso  tengan un impacto positivo sobre los servicios de educación es necesario mejorar las competencias de los auditores locales, dar más participación a los padres de familia y los sindicatos deben adoptar códigos de conducta.

De manera indebida, el gobierno de Baja California destinó 91,5 millones de pesos provenientes de fondos federales para cubrir salarios a personal comisionado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en vez de canalizarlos a actividades en beneficio de escuelas y maestros, como establece el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).