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Ucrania tiene poco que ofrecer a sus estudiantes internacionales. La calidad de educación ofrecida es baja, hay un sinfín de burocracias y la corrupción abunda. A lo largo de un cuarto de siglo, la calidad de educación ofrecida ha ido bajando dramáticamente, no sólo debido a la falta de fondos estatales y a una subsecuente fuga de cerebros, pero primordialmente a una desenfrenada corrupción endémica. Reformas estructurales fallidas y una incapacidad institucional en la educación superior ha dejado a Ucrania con una juventud sin esperanzas de recibir una educación de primer nivel y ha tenido un impacto negativo en estudiantes internacionales también.

El Ministro de Educación y Ciencias está tratando de implementar reformas generalizadas en un país donde establecer universidades autónomas requiere de un desmantelamiento del legado de control de la mentalidad de la era Soviética, donde la cultivación de calidad; requiere de una superación generalizada de corrupción y donde el conflicto ha acabado con 28 instituciones.

Desde su elección en el 2004, el presidente de Georgia se ha dado a la tarea de reformar endémicamente la corrupción del sistema universitario a través de medidas drásticas pero efectivas. Reformas orientadas tanto a procesos de admisión como la calidad de la educación superior.

“Fortaleciendo la Integridad y Combatiendo la Corrupción en la Enseñanza Superior en Armenia”, es un proyecto que el Consejo de Europa y la Unión Europea lanzaron en conjunto el 27 de Mayo del 2015, en Yereván. El objetivo del proyecto es apoyar el desarrollo de la prevención y los mecanismos de integridad para profesionales ejercientes y para incrementar la buena gobernanza en el campo de la enseñanza superior de Armenia.

Una investigación afirma que miles de estudiantes han firmado contratos 'ilícitos' que les permite a las universidades incrementar los costes de matrícula de forma arbitraria o interrumpir sus cursos. Los alumnos universitarios pueden ver sus costes de matrícula incrementados o su curso de grado alterado al antojo de sus universidades debido a unos injustos términos contractuales. Un lobby de consumidores afirmó que una de cada cinco universidades estaban haciendo uso de términos contractuales ilegales que les daba un poder ilimitado para cambiar cursos una vez que los alumnos se hayan matriculado.