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Las principales universidades de Australia, entre las que se incluyen las prestigiosas Universidad de Sidney y Universidad Nacional Australiana, contrataron a agentes educativos corruptos que se dedicaban a falsificar expedientes académicos de potenciales estudiantes internacionales para que se aseguraran así su aceptación en el sistema de educación superior australiano.

Se estima que universidades australianas están pagando más de $250 millones a intermediarios que no están regulados para reclutar estudiantes extranjeros; a pesar que existe un conocimiento generalizado de que muchos de ellos son corruptos y poseen documentos falsos.

la necesidad de vender más cursos a estudiantes extranjeros está poniendo en situación de riesgo la reputación de las universidades y la educación se está privatizando lentamente. Para reemplazar la carencia de ingresos debido a la disminución de las asignaciones públicas, las universidades permiten la existencia de alumnos privados, especialmente del exterior, para que compren plazas. Los derechos de escolaridad de los estudiantes extranjeros pueden representar hasta dos quintos del presupuesto de las universidades.