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Tras la rápida transición a la entrega digital que muchas instituciones han tenido que afrontar, ha habido un aumento de los servicios en línea que ayudan a los estudiantes a hacer trampa. Una simple búsqueda en Google del término "ayuda para tareas" arrojó 279 millones de resultados a mediados de junio de 2020 y 302 millones a principios de 2021. En Australia, para ayudar a combatir el problema, el Gobierno ha aprobado una ley que tipifica como delito la prestación o la publicidad de servicios de engaño académico en la enseñanza superior, y ha publicado un conjunto de herramientas de integridad académica

Según un nuevo informe, el 11% de las tareas presentadas por los estudiantes de universidades australianas fueron escritas por alguien más. Más del 95% de los estudiantes que hacen trampa de esta manera, nunca son descubiertos. Una encuesta distribuida a 4,100 estudiantes en seis universidades descubrió dos tipos de trampas por contrato: pagar a otra persona para escribir el trabajo o descargarlo de una colección de trabajos ya escritos.

El jefe del Comisionado Independiente del Sur de Australia en contra de la corrupción, inició una investigación sobre denuncias de mala conducta y mala práctica por parte del vicerrector de la universidad de Adelaida, después que éste renunciara por motivos de salud. La Universidad había proyectado para este año, ganancias de más de 1 billón de dólares australianos (US$705 millones), pero éstas han sido sustituidas con pérdidas previstas de 100 millones de dólares australianos.

La Nueva Unidad de Integridad Educativa, financiada por el gobierno federal supervisará las faltas de conducta académicas en universidades australianas. Investigadores informaron de que, entre el 6 y 10 por ciento de los estudiantes han hecho trampa durante sus estudios. La nueva unidad abordará desde “amenazas emergentes” hasta integridad académica y de investigación, estándares de admisión e información, seguridad estudiantil, interferencia extranjera, seguridad cibernética, fraude y corrupción.

Las universidades australianas planean monitorear a los estudiantes a través de un software como Proctorio o ProctorU, mientras realizan los exámenes desde sus casas debido a la pandemia del coronavirus. Ambas plataformas requieren que los estudiantes concedan el acceso a la cámara web, micrófono y a las teclas, para evitar la trampa. Los estudiantes y académicos están preocupados por la falta de transparencia total donde se almacenarán los datos, quien los podrá acceder, y si cumplirán con las normas australianas vigentes.

El Ministro de Educación anunció que los tramposos vendiendo sus servicios a estudiantes universitarios australianos están enfrentando dos años de prisión o multas hasta por AU$100,000. Los estudiantes que hagan trampa también estarán sujetos a las políticas y sanciones académicas de sus universidades. La Agencia de Regularización y Calidad de la Educación Terciaria, estará empoderada para solicitar medidas legales para forzar a los proveedores de servicio de internet y buscadores a bloquear los sitios web dedicados a la trampa.

Desde agosto 2018, se ha llevado a cabo una importante investigación policíaca, después de serias preocupaciones sobre las finanzas de la escuela y que el Departamento de Educación presentara denuncias de nepotismo. Según al Grupo de Crimen Cibernético y Financiero, se malversaron $4.6 millones de una escuela privada al sur de Brisbane, con el fin de comprar arte y financiarse viajes de lujo a Europa y Asia.

La “Contratación para hacer trampa” se está convirtiendo en algo común en muchas de las universidades australianas, con una gama de servicios de fácil acceso ofreciendo terminar tareas o tomar exámenes por dinero. Algunos servicios hasta ofrecen a los estudiantes la posibilidad de seleccionar el tipo de nota, y ajustar el precio según la nota escogida. El gobierno presentó una nueva ley y la persona ofreciendo los servicios de trampa a estudiantes, podrían enfrentar dos años de prisión y una multa de $210,000.

Se descubrieron 116 casos de fraude y robo entre el personal del Departamento de Educación en Queensland en 2018, incluyendo uso inapropiado de recursos públicos y mal uso de tarjetas de crédito corporativas. La Comisión de Crimen y Corrupción, acusó a un miembro de 46 años de edad, del Departamento de Educación con dos cargos de fraude por un total de $110,000.